SANTO DOMINGO, DN.- El déficit “cuantitativo” de viviendas en República Dominicana es de más de 900 mil unidades. Si se le suma el “cualitativo” que es de más de un millón de unidades, entonces la magnitud del déficit total, compuesto por la necesidad de nuevas viviendas y por las que son precarias, es de más de dos millones, estima el Observatorio de Derecho a la Ciudad, de Ciudad Alternativa.
En su Boletín Vigilantes Viviendas, el ODC resalta un drama social resultante de ese déficit habitacional: alrededor de 700 mil familias se encuentran en condición de “allegamiento” en otros hogares. El “allegamiento” se manifiesta en la convivencia de dos o más hogares en una misma vivienda o dentro de un mismo sitio, o bien en la convivencia de dos o más núcleos dentro de un mismo hogar.
La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (END) incluye objetivos que buscan atacar el déficit habitacional del país, y se supone que las formas y los medios deben incluirse en el Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP).
Sin embargo, de las tres versiones del PNPSP que se han publicado, sólo en el primero, el del 2012, se identificaron recursos para invertir en viviendas, observa el ODC.
Las inversión pública proyectada para 2013 al 2015, en el PNPSP 2012, fue de 0.06% del PIB, lo que bajaría a 0.05% en 2016, de modo que el monto oscila entre 1,523.1 millones y 1,709.1 millones de pesos. Pero durante 2013, el Gobierno reportó la construcción de solo1,160 viviendas, equivalente al 23% de la meta, que era de 4,950 unidades. Para el 2015 se tiene previsto construir 6,205 viviendas, y la reparación de otras 30 mil unidades.
Además, en este año se comenzó a implementar la modalidad de fideicomiso inmobiliario con el sector privado, lo que para el 2016 permite proyectar que la construcción de viviendas por esa vía supere las que el Gobierno ejecuta de forma directa con fondos públicos.
Sin embargo, el acceso a viviendas a través de los fideicomisos privados exige condiciones que muchos de los ciudadanos no pueden cumplir. Estas condiciones consisten en trabajar en mercado laboral formal, ganar un salario cuyo monto no sea inferior al de tres salarios mínimo cotizable, y que el potencial beneficiario tenga ahorrado el 10% del valor total de la vivienda.
“La mayoría de la población empobrecida no cumple estos criterios”, dice el ODC.
En contraste, el gasto público en viviendas baja. En 2015, el presupuesto del INVI es de RD$374.4 millones, una tercera parte de lo que recibió en 2014.
Dispersión institucional
El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) es la entidad pública a través de la cual el Gobierno Central implementa su política de viviendas. Sin embargo, y contrario a lo estipulado en el PNPSP 2013-2016, “al menos a 7 instituciones”, a parte del INVI, se les asignaron fondos para construcción de viviendas. Son Obras Públicas, Consejo Interinstitucional para Coordinación Viviendas, Instituto de Auxilios y Viviendas, Ministerio de la Presidencia, Gabinete de Políticas Sociales, el OISOE y Medio Ambiente.
