Santo Domingo. Ciudad Alternativa exhorta a la sociedad dominicana y a las autoridades competentes a aprobar un Código Penal que supere las limitaciones del actual, vigente desde 1884 con ligeras modificaciones. Este código resulta insuficiente para enfrentar la nueva realidad del estado constitucional y de derecho establecido en la Constitución.
A pesar de más de veinte años de intentos fallidos en el Congreso Nacional para aprobar una nueva versión del Código Penal, las propuestas presentadas han sido controversiales. Un ejemplo de esto fue la propuesta de 2014, observada por el presidente de entonces por sus contradicciones con otras leyes de igual jerarquía y por no alinearse con el espíritu de la Constitución Dominicana.
En la presente legislatura, el Senado de la República aprobó una de las peores versiones del código, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados para una segunda lectura. Ciudad Alternativa se opone a la aprobación apresurada de un código punitivo que no respeta el espíritu democrático de nuestra Constitución y niega derechos fundamentales.
Rechazamos específicamente varias figuras en la pieza propuesta:
- Corrupción Administrativa: nos oponemos a la prescripción de actos tipificados como prevaricación, considerando el impacto negativo de la corrupción en el desarrollo social y económico del país.
- Responsabilidad Penal del Estado: es inaceptable el Art. 14 que excluye la responsabilidad penal de ciertos entes, incluyendo al Estado y otras entidades con conductas punibles recurrentes.
- Derechos de las Mujeres: aunque valoramos las eximentes de responsabilidad penal del Art. 112, consideramos insuficiente la exclusión de razones legales que asisten a la madre en decisiones sobre su vida y salud emocional.
- Delito de Violación Sexual: la definición del Art. 134 es limitada al requerir penetración para la tipificación del delito, lo cual es inadecuado.
- Defensa de la Propiedad Privada: los Arts. 288, 289 y 290, si bien defienden la propiedad privada, vulneran el derecho a la vivienda y a la ciudad de comunidades en terrenos sin estatus jurídico regular.
- Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes: apoyamos la posición de CONANI y otras entidades que cuestionan el párrafo III del Art. 123 por su contradicción con la Ley 136-03 y el Art. 56 de la Constitución sobre el interés superior del niño.
La aprobación del proyecto en su forma actual, con énfasis en la penalización y aumento de penas como factores disuasivos, no es efectiva para la paz colectiva y la cohesión social. Instamos al Congreso de la Nación a asumir con responsabilidad la aprobación de un Código que responda a las necesidades presentes de la sociedad y sea coherente con la Constitución.
Pedimos al presidente de la República que, de ser necesario, observe y corrija las falencias del proyecto aprobado por el Senado y en proceso en la Cámara de Diputados. Invitamos a todas las fuerzas vivas de la nación, incluyendo sectores críticos dentro del partido de gobierno, a oponerse a la aprobación de un código que socave la cohesión social y la justicia.
