SANTO DOMNGO, D.N.- Ciudad Alternativa y el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (Copadeba) criticaron este jueves que el gobierno esté destinando fondos de los recursos públicos para financiar al sector privado, a través de la Ley de Fideicomiso, y lo acusaron de buscar en el sector privado la solución de un problema que es de interés público.
“El desmonte de la inversión pública en vivienda es alarmante. La inversión planteada representa solo el 0.06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) entre los años 2013 y 2015 y bajará a 0.05 por ciento en 2016. Un caso destacable lo constituye el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), cuyo presupuesto en obras aprobadas para el presente año, 373.4 millones de pesos, es apenas una tercera parte del monto asignado en 2014. Eso sin contar que el 98.5 por ciento de este monto proviene de préstamos externos”, planteó Rafael Jovine, coordinador del Observatorio de Derecho a la Ciudad, de Ciudad Alternativa.
Para evidenciar el desmonte de la inversión pública en vivienda, explicó que en 2016 las viviendas construidas con fondos privados, amparados en el régimen de fideicomiso, serían el doble (10 mil unidades) que aquellas construidas directamente por la administración pública (4 mil 715 unidades).
En tal sentido, Jovine planteó que con estos bajos niveles de inversión pública, las metas programadas en construcción de viviendas de interés social, poco menos de 20 mil unidades entre 2013 y 2016 no llegará ni al 10 por ciento de las carencias habitacionales estimadas por el propio Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).
En ese orden, Román Batista, director ejecutivo de Ciudad Alternativa, criticó que con un déficit habitacional que supera los 2.1 millones de viviendas en en país, el gobierno ha concentrado su acción en ceder incentivos a los bancos y al mercado inmobiliario.
“La solución de la problemática se ha dejado en manos del sector privado, amparados en la Ley 189-11, de Desarrollo de Mercado Hipotecario y Fideicomiso. El proyecto habitacional insignia de esta administración, Ciudad Juan Bosch, está bajo el amparo de esta modalidad, cuyo costo promedio sobrepasan lo 1.5 millones de pesos”, cuestionó Batista”.
Mientras que Antonio Páez, coordinador de Copadeba, sostuvo que las políticas de viviendas están mal orientadas y que el fideicomiso no representa la solución, pues con todos los requerimientos que establece, solo podrían acceder a créditos para la adquisión de vivienda de “Bajo costo” aquellos trabajadores del sector formal con ingresos mensuales de tres salarios mínimo, el equivalente a 30 mil pesos.
“En un país donde casi el 89 por ciento de los asalariados gana menos de 30 mil pesos, las condicionalidades planteadas generan serias dudas sobre las posibilidades reales que tendría el o la ciudadanía de a pie de adquirir una vivienda digna”, sostuvo Páez.
Propuestas al Gobierno
Estas dos organizaciones son partidarias de que se refuerce la participación del Estado en la promoción y construcción de viviendas destinadas específicamente a familias empobrecidas. Para ello hace falta una remodelación de la estructura institucional que actualmente lidera el INVI, entidad que debería estar dotada de capacidad presupuestaria y de planificación estratégica dirigida a garantizar el derecho a la vivienda en la población dominicana.
Estas declaraciones fueron emitidas por representantes de Ciudad Alternativa y Copadeba en el marco del Diálogo Urbano, donde también participarón Héctor Bretón, presidente de Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) y Lena Ciccone, directora de la Comisión Presidencial para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso.
