Arq. David Arbona González, Área de Producción Social del Hábitat
Ciudad Alternativa, Mayo 15, 2017
Ponencia presentada en el seminario: Metropolización y Reordenamiento Sostenible de los Barrios Vulnerables del Gran Santo Domingo, en el panel «Desafíos sociales, enfoque participativo y recolección de información en los barrios precarios situados en las orillas de los ríos Ozama e Isabela»
Antes de adentrarnos en los temas que componen este panel, me gustaría hablar un poco del concepto de espacio, ya que dependiendo de las concepciones que tengamos de él vamos a poder obtener las herramientas necesarias para entender y explicar la realidad social y actuar sobre ella críticamente. El concepto de espacio, principalmente en la geografía moderna está presente no sólo en el abordaje teórico sino también en el abordaje práctico de cuestiones ambientales, urbanas, rurales, de desarrollo local, de geografía política, de circulación, de ordenamiento territorial, etc…
Existen varias concepciones de espacio. Desde la geografía neopositivista, el espacio es visto como una planicie isotrópica, es decir, que se le trata a través de sus propiedades geométricas. En el caso de la geografía humanista, el concepto clave es el lugar. El espacio es considerado, principalmente como el espacio vivido y percibido a través de los sentidos, de la experiencia, de las ideas. El espacio se transforma en lugar en la medida que le asignamos valores, y nos familiarizamos con él.
Desde la geografía crítica, el espacio está indisolublemente ligado a la organización y el funcionamiento de la sociedad, en particular los proceso de producción y reproducción social. Es decir, que está relacionado a cierta conceptualización de los procesos sociales. El espacio es visto como una instancia de la totalidad social. ¿En que sentido? En el sentido de que el espacio participa como condicionante de los procesos sociales al mismo tiempo que como su producto. (Delgado, 2003) Existe entonces una relación dialéctica entre la sociedad y el espacio.
Este carácter condicionante es una invitación a pensar en las condiciones en que los procesos se territorializan, es decir, en la fijación y acumulación en el espacio de decisiones que como sociedad hemos tomado en diferentes momentos históricos. En conclusión, se trata de observar el espacio construido como un medio a través del cual las relaciones sociales son producidas y reproducidas. (Delgado, 2003)
La geógrafa feminista Doreen Massey explica que: “comprender la organización espacial de la sociedad […] es crucial […] para nuestra comprensión de las maneras cómo funcionan los procesos sociales; para nuestra conceptualización de algunos de aquellos procesos […] y para nuestra capacidad de actuar sobre ellos políticamente, con certeza.” (Massey, 1985: 17) Massey además, problematiza la relación que existe entre las estructuras espaciales y las percepciones que nos formamos de los lugares desde una perspectiva de género. El proceso de producción social del espacio no sólo se piensa a través de las desigualdades sociales, culturales, políticas, sino también a través de persistentes asimetrías entre hombres y mujeres, que van más allá de la violencia física, pasan al espacio social y al mundo de los símbolos. (Falu, 2009)
La ciudad de Santo Domingo, tanto en sus condiciones físicas y ambientales como sociales, culturales y políticas son un reflejo de la organización de la sociedad, y este reflejo materializado condiciona la forma en que satisfacemos nuestras necesidades, no sólo las básicas como la salud, la alimentación, vivienda, sino también aquellas intrínsecas para el desarrollo del ser humano como el amor, la seguridad, el ocio, la privacidad, la diversión, el conocimiento, etc.
La producción espacial es impulsada por actores sociales con distintos objetivos e intereses pero además con distintos grados de poder. Podríamos identificar tres lógicas, que implican una diversidad de procesos culturales, sociales, económicos y políticos, de producción espacial en la ciudad capitalista. Éstas lógicas interactúan de manera compleja e incluso contradictoria: la lógica de la ganancia, donde la ciudad es vista como objeto y soporte de negocios; la lógica de la necesidad, donde una parte de la población no puede satisfacer gran parte de sus necesidades en el ámbito de la dinámica mercantil; y la lógica de lo público, donde el Estado proporciona, a través de regulaciones y políticas, el soporte necesario para el desarrollo de las otras lógicas. (Herzer citado en Rodriguez, M.C., 2007)
Los barrios situados en la cuenca del Ozama e Isabela han surgido, en su gran mayoría bajo la lógica de la necesidad, como resultado de políticas urbanas autoritarias e irresponsables, como los desalojos forzosos o la falta de regulación a las industrias que se instalaron en las cercanías del río durante el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y que año tras año fueron vertieron sus desechos industriales al río. Sin ningún tipo de planificación urbana, el Estado, por acción u omisión, ha ido despojando miles de familias de distintos lugares de la ciudad a la periferia con varios propósitos, por un lado de crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la acumulación capitalista y por el otro, de consolidar cierto poder político.
Esta y otras políticas habitacionales, como el desarrollo del mercado inmobiliario y financiero, fue deteterminando la distribución y ubicación de los distintos sectores de la población en la ciudad, y con ello la diferenciación de clases en la satisfacción de las necesidades habitacionales.
Bajo el discurso de la modernidad la ciudad ha sido transformada varias veces en distintos momentos de la historia, todas con un elemento en comun: el desalojo forzoso. Lo hicieron los norteamericanos en la intervención del 1916 despojando a miles de campesinos de sus tierras comuneras para concentrar en un lugar del territorio las exportaciones del excedente de la producción agrícola; lo hizo el dictador Rafael Leónidas Trujillo en la reconstrucción de la zona colonial después del ciclón San Zenón, también para la construcción de los barrios de Mejoramiento Social, Ensanche Luperón, y para la construcción de la Feria de la Paz, de éste último surge la ocupación de los terrenos donde está ubicado Los Guandules; lo hizo Joaquín Balaguer después de la revolución del ‘65, con la creación de nuevos barrios para clases medias y medias altas, y más tarde con los proyectos de renovación urbana por motivos de la celebración del V Centenario de la Colonización de América; Leonel Fernández con la construcción de megaproyectos y megaestructuras y hoy en día se han reportado varios casos con la construcción del metrocable; en fin lo han hecho todos los gobiernos al punto que se ha convertido en un práctica naturalizada e institucionalizada. Pero además lo ha hace y/o lo ha intentado hacer el sector privado, dueños, que adquirieron grandes propiedades, muchas veces de manera ilegal, en los lugares donde se fueron generando estos procesos de ocupación informal. Como es el caso del barrio de los 3 Brazos, en los que el Estado vendió a manos privadas un barrio completo, con todas los servicios, infraestructuras, viviendas. Recientemente, un estudio de la Red de Coordinación Urbana, calculó que entre el 2000 y el 2013 al menos 103,865 personas fueron desalojadas forzosamente.
A esta situación habría que sumar la persistente brecha que existe entre las limitaciones de la producción capitalista de vivienda y la demanda de los sectores de menores ingresos. Brecha que se hace evidente cuando miramos las condiciones y la velocidad en la que ha crecido la ciudad de Santo Domingo en los últimos 50 años. Es decir, que como sociedad hemos estado acumulando una deuda histórica al dar la espalda en distintos momentos a la situación de precariedad en la que han tenido que vivir y todavía viven muchos de estos sectores de nuestra sociedad.
Ante este panorama de desahucio y abandono, los pobladores de los distintos barrios han ido gestionando su propio hábitat, tejiendo el espacio mediante diferentes estructuras organizativas, generando vínculos sociales, políticos y procesos económicos informales para dar respuesta a sus necesidades de reproducción social y con ello ejerciendo, parcialmente, el derecho que tenemos los-as ciudadanos-as a vivir en un hábitat digno. De esta manera fueron creando su propio espacio, con sus propias lógicas, con sus propios recursos y en muchos casos con la asistencia, tanto de instituciones estatales como de organizaciones no gubernamentales de asistencia técnica y fundaciones de beneficiencia. Este es el caso de muchos de los proyectos de saneamiento de cañadas, de asfaltado de calles, educación ambiental, agua potable, electricidad, construcción de escuelas, mejoramiento de viviendas, etc…
Parte de este proceso ha implicado la ocupación de lugares de alto riesgo ambiental, que sumado a las condiciones de pobreza y a la ausencia o la complicidad de algunos sectores de la sociedad y del Estado, han empeorado las condiciones de vida de estos sectores. Estos procesos se desarrollaban bajo una lógica en la que gran parte de la población se vio excluida de los beneficios del crecimiento económico del país. Es decir, estos barrios son el resultado de la desigualdad en la distribución de las riquezas que todos como sociedad producimos. Vemos entonces como año tras año se van acumulando estas decisiones sociales poniendo en riesgo cientos de miles de familias.
En una investigación titulada “La Cuenca del Ozama: al borde del riesgo” realizado por Ciudad Alternativa en 7 barrios del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, se introduce el concepto de hábitat saludable en el que se señala que: “el Hábitat Saludable trata de un concepto que se interesa, además de las condiciones estructurales de la vivienda, en otros aspectos que hacen posible la vida de manera integral. Ponemos atención a: el hacinamiento, el acceso a servicios básicos, el acceso a la vivienda, las condiciones de la naturaleza, la relación con el trabajo, seguridad ciudadana, acceso a escuelas y hospitales, riesgos ante fenómenos naturales, la seguridad del territorio y los conflictos por continuar en la ciudad ante los avances de la acción privada o estatal modernizante. Así damos cuenta de toda una visión compleja que trasciende a la sola estructura de la vivienda, contextualizándola en las condiciones generales del ambiente.”
En dicho estudio se contrastan informaciones provenientes del censo con un análisis cualitativo realizado con la participación de una diversidad de actores, tanto de los técnicos de CA y COPADEBA como de organizaciones comunitarias de base. Una de las características relevantes del estudio es que evidencia la importancia de trabajar de manera integral con la gente, no sólo para obtener una dimensión más humana de los datos que levanta el censo sino también para hacer un relevamiento de las necesidades sentidas y poder poner en tela de juicio la efectividad de los satisfactores que históricamente hemos utilizado para resolverlas.
El lugar desde donde nos posicionamos para llevar a cabo un plan, programa, un proyecto, un levantamiento de información o un acompañamiento técnico es vital para el desarrollo de la comunidad, es decir, el vínculo entre los que habitan y los que pretenden intervenir en ese hábitat. En ese orden de ideas nos preguntamos, ¿Con qué imágenes llegamos a la comunidad? ¿de donde vienen las percepciones que tenemos del barrio? ¿qué prejuicios cargamos? Al momento de realizar un diagnóstico “integral” que parte de una serie de entrevistas a informantes, nos encontraremos ante el problema de que podríamos filtrar la información revelada por nuestra propia percepción, síntesis e interpretación. Esto representa un seria dificultad. Una solución a esta problemática podría ser el diálogo.
A través del diálogo horizontal se intenta comprender y aceptar las diferencias, complejizarlas, reflexionar sobre ellas, con el objetivo no sólo de concertar sino de producir un nuevo conocimiento, a lo que Freire llama la “dialoguicidad”, es decir, el encuentro de saberes (Marzioni, 2000). El arquitecto y actual ministro de educación Andrés Navarro, en una ponencia realizada en Pamplona, España en los años 90, cuenta como nuestras teorías y esquemas culturales se re-crean cuando los confrontamos con la realidad popular, expresando que esa relación dialéctica entre el saber técnico y el saber popular es una condición necesaria para la real participación popular. (Fernández, 1996)
Un reto importante que tenemos que enfrentar para la transformación del hábitat pasa por no imponer una realidad particular (y con ello las necesidades que hacen esa realidad), sino de construir la realidad que se quiere, en conjunto (cómo se satisfacen esas necesidades de una manera sostenida en el tiempo).
Pero antes, debemos superar las prácticas utilitarias, paternalistas y clientelares que instrumentalizan al-las ciudadano-as, despojándolo de sus derechos, de sus deberes y de su capacidad para decidir. También pasa por romper ciertos mitos: “no son gente civilizada”, “hay que enseñarles como vivir”, “yo no entiendo como esa gente vive ahí”, “Balaguer le dio apartamentos y esa gente volvió pal’ mimo sitio”. Ahí nos damos cuenta que parte del trabajo que hay que hacer no es sólo al interior de los barrios sino hacia fuera, en la sociedad en su conjunto.
Debemos repensar cómo hemos estado haciendo las cosas y un aspecto clave para resolver estas problemáticas es la inclusión de la gente en el desarrollo de sus espacios, entender el hábitat como un proceso no como un producto, la vivienda por su valor de uso y no por su valor de cambio. En ese sentido, la participación es la herramienta más poderosa para asegurar la sostenibilidad de los proyectos, el mejoramiento efectivo en la calidad de vida de las-os ciudadanas-os. Ella no surge espontáneamente sino que es una construcción permanente que implica eliminar las asimetrías de poder en la toma de decisiones, abrir los canales de comunicación, es decir, que la comunicación se de en dos direcciones para que sea un diálogo. Implica también tareas de capacitación, organización, autogestión; requiere de la articulación permanente de diversos actores, en definitiva es un ejercicio democrático que apunta a la construcción de ciudadanos-as. Entendiendo como ciudadano-a al que goza de sus derechos civiles y políticos; el derecho a tener derechos ciudadanos y la capacidad de cumplir sus deberes. Poniendo atención incluso a las mismas asimetrías naturalizadas en el espacio: de género, de capacidades, generacional, patentizadas en las mismas organizaciones.
Este momento histórico es clave para la transformación del hábitat en la República Dominicana, por un lado el gobierno ha asumido su compromiso, como dijo el Presidente Danilo Medina en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero: “vamos mejorar las condiciones de vida de más de 45,000 personas” con el proyecto de intervención integral de La Ciénaga y Los Guandules, el “Nuevo Domingo Savio”. Por otro lado en el congreso tenemos dos propuestas de ley vitales: la Ley de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos y la ley de Ordenamiento Territorial; además se está trabajando en la Reforma Municipal.
Esta nueva ley de vivienda tiene como fundamento teórico el concepto de Producción Social del Hábitat (PSH). Dicho concepto surge en la década de los 90 y recoge todas las experiencias de producción popular de vivienda y mejoramiento urbano: como la autogestión, la autoconstrucción, el cooperativismo, el mutualismo y otras estrucutras organizativas de transformación del hábitat. Este enfoque apunta a “revalorizar, sistematizar, sostener y fortalecer las propias capacidades de los sectores populares y sus organizaciones, como punta de partida de la transformación de sus condiciones cotidianas de vida y en función del fortalecimiento de la soberanía popular.” (Di Virgilio, 2013:13)
El concepto de PSH da cuenta de la masiva capacidad de autoproducción de los sectores populares, en torno a la vivienda, a amplios pedazos de la ciudad y en general, a los territorios que habitan. Un ejemplo de esto es que más de un 50% de la producción espacial del Gran Santo Domingo ha sido llevado a cabo por sectores populares e informales. Esta capacidad ha sido poco reconocida, generalmente descalificada, ya que se da en condiciones desfavorables, forzando a millones de personas a vivir en la ilegalidad. (Di Virgilio, 2013:14) El concepto de PSH pone el punto sobre la i, colocando al ser humano y con ello a la familia en el centro; apostando, al conocimiento construído junto con la misma gente que padece los problemas, no sólo los de las estadísticas y las encuestas sino el de las personas concretas, con nombres, rostros y diálogos, una por una, uno por uno. (Pelli, 2007: 16) Esta forma de intervenir produce cohesión social de amplios sectores de la población, y esto tiene un efecto tranformador en la forma en que hemos estado produciendo espacio urbano, es decir, ciudad. La producción social del hábitat apunta entonces por la transformación social del espacio desde una perspectiva popular y por el derecho que tenemos todas-os de vivir en la ciudad.
Bibliografía
Delgado, O. (2003). Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. Univ. Nacional de Colombia.
Di Virgilio, M. M., & Rodríguez, M. C. (2013). Producción social del hábitat. Buenos Aires: Café de las Ciudades.
Falú, A. (2009). Mujeres en la ciudad. De violencias y derechos. Red Mujer y Háabitat America Latina, Ediciones Sur, 9-15.
Fernández, A. S. (1996). Antología urbana de Ciudad Alternativa. Santo Domingo: Ediciones Ciudad Alternativa.
Marzioni, G. J. (2000). Hábitat popular: encuentro de saberes. Editorial Nobuko.
Massey, D. (1985). New directions in space. In Social relations and spatial structures (pp. 9-19). Macmillan Education UK.
Pelli, V. S. (2007). Habitar, participar, pertenecer: acceder a la vivienda: incluirse en la sociedad. Nobuko.
Rodríguez, M. C. (2007). Políticas del hábitat, desigualdad y segregación socio-espacial en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Area de Estudios Urbanos Instituto de Investigaciones Gino G.
