Santo Domingo.- El Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y Ciudad Alternativa plantearon la necesidad de que a la hora de realizar el proceso de reubicación de las 1,400 familias a ser desalojadas en La Ciénaga y Los Guandules para el desarrollo del proyecto Nuevo Domingo Savio se garantice que las soluciones que se implementaran protejan el derecho constitucional a una vivienda digna y segura. Esto implica que no solo la indemnización económica sea la propuesta puesta en la mesa de negociación con las familias.
“Nos sorprende el brusco cambio en la política habitacional del gobierno de Danilo Medina que coloca la responsabilidad de la garantía del derecho a la vivienda sobre los hombros de las familias”. Recalcamos que el artículo 59 de la Constitución dicta que el Estado fije “las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda y asentamientos humanos de interés social”.
Criticamon que la Unidad para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE) haya desconocido un espacio de diálogo creado en febrero del 2017, en la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, al anunciar que daría una compensación económica a las familias, a pesar de antes haber asegurado públicamente que analizarían la situación particular de cada uno de los hogares para proveer respuestas que dignifiquen sus condiciones de vida.
“Consideramos que debemos trabajar desde la Mancomunidad en búsqueda de las soluciones más idóneas para la población afectada. Aseguramos que junto a las organizaciones comunitarias podemos construir diferentes mecanismos y opciones que permiten la garantía del derecho y que además el Estado cuenta con las instituciones y recursos necesarios para proveer soluciones adecuadas a cada familia”.
De igual forma, COPADEBA y Ciudad Alternativa exigieron que URBE evalúe su estrategia de intervención y acompañamiento social, y que fortalezca la integración de la comunidad en la toma de decisiones, pues el propósito del proyecto debe ser restituir los derechos fundamentales de las y los afectados.
Ambas instituciones se comprometen a seguir trabajando en el acompañamiento de las organizaciones comunitarias y a dar apoyo técnico para defender sus derechos. “Apoyamos lo que las familias decidan y entendemos que la indemnización o la casa para casa son distintas propuestas que existen, lo importante es que a cada una de ellas se le garanticen sus derechos y para esto se necesita fortalecer el diálogo con el gobierno”.
Enfatizan estar de acuerdo con la realización del proyecto el Nuevo Domingo Savio, siempre y cuando sea ejecutado desde una visión de derechos y con la participación de las familias y organizaciones de la comunidad, como se ha planteado desde hace más de 18 años en la propuesta del Plan Cigua.
