Comunicado de Foro Ciudadano sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el pasado 27 de febrero de 2018.
En su alocución ante la Asamblea Nacional, el Presidente de la República compartió una rendición de cuentas con más valor retórico, haciendo énfasis como argumentaciones más subjetivas, y como él dijo; con menos cifras. Dos horas cargadas de optimismo y exhortaciones que, si bien expresaron muchas potencialidades sobre el porvenir, también dejaron muchos vacíos que hacen dudar sobre la visión estratégica hacia la cual nos movemos como país. Una rendición de cuentas que confunde el período a rendir y se retrotrae 5 años atrás.
Juegos de palabras, imaginarios y narrativas discursivas convenientemente colocadas se combinan para presentarle a la población a lo largo de más de dos horas el relato de un ¨país de clase media¨ y con ¨Estado de Bienestar¨, que no parece corresponderse con lo que plantean las estadísticas que dan cuenta del estado de cumplimiento de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y alejado de las condiciones de vida de la mayoría de la población:
El imaginario de clase media y la eliminación de la pobreza.
El Presidente entiende que en 5 años ha convertido a República Dominicana (RD) en un país de clase media, apoyándose para ello fundamentalmente en la reducción registrada en la línea de ¨pobreza monetaria¨. Bajo esta metodología se computa todo lo que entra en un hogar (ingresos laborales, remesas, subsidios del gobierno, alquiler imputado o cualquier otra entrada en “especie”), catalogando como pobre únicamente a aquellas personas cuyos ingresos estén por debajo de los RD$ 4,644.1 mensuales o 154.8 diarios, según el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Significa que quien reciba ingresos promedios superiores a esta cifra ¨ya ha dejado de ser pobre¨ y pasa a denominarse simplemente como ¨vulnerable¨ (equivalente al rango de 4 a 10 dólares al día). Peor aún, ajustado al Índice de Precios del Consumo (IPC) de enero 2018, lo que se considera como ¨clase media¨ son ingresos promedios per cápita que oscilan entre RD$ 11,000 y RD$ 56,000 mensual. Estos rebatibles supuestos son los que sustentan el planteamiento del Gobierno de haber sacado a un millón y medio de personas de la pobreza y calificar RD como un país de clase media.
Cabe destacar que en ese mismo país el 72.2% de los trabajadores/as cotizantes gana un salario igual o inferior a RD$ 20,000 mensual, de acuerdo con las estadísticas de la tesorería de la seguridad social. De igual forma, el Presidente pasa por alto que la misma data que le provee sus cifras de ¨reducción de la pobreza¨ también señala un incremento en la desigualdad, medida a través del coeficiente GINI, por primera vez en 5 años, lo cual indica una mayor concentración del ingreso en manos de quienes más tienen.
Falta de compromiso pleno con derechos de las mujeres.
Aunque pudiera resultar positiva la mención especial que realizara el Presidente al destacar la deuda que tiene la sociedad con las mujeres y el gran trabajo aún por hacer, la admisión de tales responsabilidades, sin referirse en concreto a indicadores tan relevantes y que reflejan el estancamiento de la protección de estos derechos, como son la mortalidad materna e infantil, el embarazo en adolescentes, la participación política de las mujeres, entre otros.
Apenas hizo referencia al Plan lanzado por la Procuraduría en noviembre 2017 para reforzar la lucha contra la violencia de género desde el enfoque de atención y sanción de este flagelo, no así refiriendo medidas concretas desde un enfoque más integral que incluya prevención del mismo, por lo cual no le hacen justicia a la magnitud del compromiso por delante.
Se esperaría que aprovechara el espacio para reforzar su respaldo a la despenalización del aborto en tres causales relevando la importancia de esta reforma legislativa para incidir en los indicadores de salud. Igualmente, la baja asignación presupuestaria a prevención de la violencia de género, la falta de políticas integrales que rompan el ciclo violencia o el fomento de cambios culturales que transformen contenidos sexistas y violentos en medios de expresión artísticas representan algunos de las principales omisiones en el Discurso de Rendición de Cuentas.
Vivienda: ese gran pendiente para la diáspora en el exterior.
Tras haberse pasado cinco años alegando que las ¨viviendas de bajo costo¨ en la modalidad de fideicomiso eran la solución para eliminar el déficit habitacional y garantizar viviendas a la población de ¨clase media-baja¨ residente en el país, el gobierno da un giro y se enfoca ahora en los dominicanos residentes en el exterior. De esta forma confirma que esta política habitacional bajo esta modalidad ni es de acceso para la mayoría de la población ni logra paliar el déficit habitacional.
El gobierno exhibe como logros las viviendas construidas por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) a costa del desastre que puso en vilo la vida de las personas expuestas ante Irma y María. Sigue dejando en manos del mercado la satisfacción de un derecho fundamental que afecta a cerca de un 70% de las personas. El presidente parece haber olvidado que los fenómenos hidrometeorológicos que nos afectan durante la mitad del año, ponen en riesgo la vida de la gente. Tener una vivienda digna hace la diferencia entre la vida y la muerte. En ese sentido, no solo no tiene cifras importantes que exhibir en materia de vivienda, sino que tampoco nos invita al optimismo con planes a ejecutar en este año 2018.
El presidente incluso omite dar cuentas de la promesa realizada en su discurso del año 2017 sobre “la transformación urbana integral de Domingo Savio”, en donde al día de hoy los avances apenas giran en torno a la incertidumbre de alrededor de 1,400 familias que están amenazadas de ser desalojadas sin tener seguridades de cuál será su nuevo hábitat porque el gobierno “no encuentra” terrenos para un proyecto habitacional y cada familia tendrá que resolver su situación de manera individual. Contrasta con esto el anuncio del presidente de que “encontró” unos terrenos para parqueos en el Distrito Nacional. Nos surge la interrogante sobre la “imposibilidad” de garantizar el derecho a la vivienda digna de estas familias: ¿voluntad o recursos?
Creación de empleos y negación de la informalidad.
Tal cual mencionó el Presidente, las estadísticas oficiales registran unos 120,000 empleos nuevos creados durante el año 2017. No obstante, al relacionar directamente la cifra de empleos con la cantidad de nuevos cotizantes a la seguridad social el Presidente da a entender que la mayoría de los empleos generados son formales, cosa que no es verdad y tiende desinformar a la población. Al menos dos terceras partes de los nuevos empleos generados en 2017 están en el sector informal. De hecho, la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de trabajo revela que la informalidad total creció en más de 100,000 trabajadores.
Con todo y los datos de crecimiento del empleo, la tasa de ocupación apenas se movió 0.5 puntos porcentuales hasta situarse en 58.9% del total de la Población en Edad de Trabajar, siendo significativo que mientras en hombres este indicador asciende a 73.2%, en mujeres apenas se sitúa en 45.5%, lo cual indica que la población ocupada masculina es 1.5 veces mayor que la femenina. También llama la atención que, del total de empleos creados en el último año, casi el 30% se registre como empleo del Estado.
Se pasa página con la corrupción.
A juzgar por las palabras del Presidente, la corrupción solo existe en la frontera, y es allí en donde hay que canalizar los esfuerzos para erradicarla. En un año como el 2017 en que los casos de corrupción en la administración pública estuvieron a la orden del día, con funcionarios de la actual y pasadas administraciones imputados por Odebrecht y con una sociedad continuamente movilizada en la Marcha Verde, resulta decepcionante que el presidente no hiciera ningún tipo de compromiso para erradicar la corrupción de su administración.
Esto cobra especial relevancia en un año en el que diversos estudios realizados por organizaciones independientes pusieron en evidencia la magnitud del dispendio público, clientelismo y corrupción en el Estado dominicano:
- En el estudio ¨Se Buscan¨ Oxfam identifica 2.5% del PIB, equivalente a más de RD$ 90,000 millones, que se malgastan en corrupción, botellas, entidades que sobran, publicidad y propaganda, viáticos y gastos de uso discrecional del propio Presidente de la República;
- El Latinobarómetro 2017 indicó que RD ocupa el primer lugar en clientelismo en América Latina;
- En el Índice Global de Competitividad 2017-2018 ocupamos el puesto 131 de 137 en eficiencia del gasto público, 135 de 137 en desvío de fondos públicos, 136 de 137 en favoritismo en las decisiones de los funcionarios del gobierno;
- En el Índice de percepción de la corrupción 2017, de Transparencia Internacional, somos el 5to país más corrupto de América Latina.
Presidente evade responsabilidades constitucionales.
Al no referirse a la administración presupuestaria, financiera y de gestión del año 2017, ni plantear un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos y financieros y prioridades que se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada para el año en curso, el Presidente violenta el artículo 114 de la Constitución de la República.
Esto se agrava en un contexto en el que el pago por servicios de la deuda captura la tercera parte del presupuesto general del Estado del año 2018, lo cual limita seriamente las posibilidades de ejecución de políticas públicas, en particular aquellas de índole social. El Pacto Fiscal es una deuda pendiente desde el año 2015 por la administración de Danilo Medina, establecido en la Ley de Estrategia Nacional de la Desarrollo.
Omitir referencias y cuentas claras sobre el nivel de endeudamiento, el déficit fiscal, los ingresos tributarios y el nivel del gasto público no es opción en un discurso de Rendición de Cuentas del Presidente ante la Asamblea Nacional, es un deber constitucional.
Somos optimistas señor presidente. Creemos en el futuro, creemos en un mejor porvenir. Pero creemos que el optimismo deja de ser ilusión electoral y se convierte en proyecto de país cuando se sustenta con acciones concretas, indicadores adecuados, una inversión presupuestaria que sustenta el discurso y con un ejercicio sistemático que dé continuidad a las buenas intenciones que se expresan en cada 27 de febrero.
