Investigación especial de Javiera Reyes para Ciudad Alternativa
La periferia de la capital de República Dominicana, como muchas otras en Latinoamérica, ha sido poblada siguiendo lógicas de emergencia, informalidad e ilegalidad. La proliferación de asentamientos vulnerables en los límites de la urbe surge como respuesta a la ausencia e inefectividad de políticas públicas responsables de garantizar el acceso a la vivienda y de planificar de manera integral el crecimiento del territorio. Este tipo de producción espontánea del hábitat en la periferia de la ciudad se caracteriza por una
acumulación de vulnerabilidades socioeconómicas y espaciales. Concentración y profundización de pobreza, edificaciones precarias en zonas de riesgo, escasa infraestructura urbana y nulo o limitado acceso a los servicios básicos. Sin embargo, estas vulnerabilidades no son sólo sociales y territoriales, sino que también jurídicas.
En esta línea, tres son las principales amenazas que se identifican entorno al hábitat informal en Santo Domingo y los municipios que lo circundan (Navarro, 1996; CONAU, 2006; Villalona, 2015): En primer lugar, la precariedad de los asentamientos al norte y este de la capital que aún no se han regulado y que siguen concentrando bolsones de pobreza; Le sigue la proliferación de asentamientos irregulares en la rivera del río Ozama, zona inundable que cada año durante las temporadas ciclónica se ve afectada por el aumento del caudal del río; La tercera amenaza se relaciona a la inseguridad jurídica respecto a la tenencia de tierras, que implica que un porcentaje importante de la población sea víctima o viva bajo el riesgo de la expulsión y el desalojo de las viviendas en las que habitan. Lo que se suma a las características y vulnerabilidades nombradas con anterioridad en cuanto a las condiciones socioeconómicas y
el equipamiento físico espacial necesario para la vida en ciudad, generándose una situación de doble vulnerabilidad.
Justamente, en este tercer punto es en que se profundiza mediante esta investigación. Las expulsiones forzosas son una práctica común en República Dominicana, pero son aún más frecuentes en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo, donde existe un mayor número de personas afectadas por la falta de títulos de propiedad, situación que afecta 75% de la población del país (AGFE & UN-Hábitat, 2005). Es por esta razón que se escoge el municipio de Boca Chica como primer acercamiento a la problemática
de los conflictos socio-territoriales, y en especial aquellos asociados a la inseguridad de tenencia del suelo urbano, pues el municipio, y en especial el Distrito Municipal de La Caleta, ha sido foco de estas amenazas y desalojos que se remontan a hace más de 50 años.
El municipio de Boca Chica, ubicado a unos 40 kilómetros del centro de Santo Domingo, concentra aproximadamente 142.000 personas, según los datos del Censo de Población y Vivienda de 2010, en una superficie de 140,9 km2 y con una densidad poblacional de 1.008 habitantes por km2. Los orígenes formales del municipio se remontan al inicio del siglo XX, con la construcción del Ingenio de Andrés, central estatal destinada al procesamiento de la caña de azúcar. La instalación de la central azucarera conllevó un movimiento de trabajadores a la zona, quienes serían sus primeros pobladores foráneos. En estos primeros años fue constituido como un territorio que absorbió la migración urbano-rural, por su proximidad con la capital, pero también por la creciente demanda de trabajadores para las plantaciones de caña de azúcar. Después de la década de 1940, la zona costera del municipio se proyectó como un punto de interés turístico, marcado por la construcción del Hotel Hamaca. Interés que se ha mantenido hasta el día de hoy.
En los años que siguieron, producto de diversos factores, tanto naturales como políticos, su población apostada en la costa fue desplazada, expulsada o reubicada en los barrios que de cierta manera componen lo que hoy es la zona urbana del municipio. Debido a esto, muchos de los barrios que concentran la población urbana en la actualidad se inscriben en una lógica de ciudad autoconstruida, con una relación con la propiedad problemática e irregular.
En la actualidad, existe una confusión e incertidumbre asociada a la tenencia de los terrenos que, con el aumento del valor de la tierra, han amenazado y amenazan a su población. Estos conflictos, como se detallará más adelante, se concentran en la zona urbana del distrito municipal de La Caleta.
