Por Matías Bosch Carcuro[1]
Al 1ero de marzo se contabilizaba tan solo un caso de contagio de COVID-19 en República Dominicana: un ciudadano italiano, es decir “importado”. El 25 de marzo de 2020 se registraban 392 casos[2].
Justo esa noche, el presidente Danilo Medina anunciaba un paquete de medidas para atender la posible crisis en la subsistencia de los hogares, evitar la asfixia económica de la población y preservar empleos. Dijo Medina:
“(…) quiero que estén seguros de una cosa: ¡no les vamos a dejar solos! Vamos a superar estos tiempos difíciles y lo vamos a hacer juntos. Como lo que somos: ¡una gran familia!”[3]
Para más de alguno fue sorprendente saber -tal vez por primera vez mediante el discurso de Medina- que en esta “gran familia” hay 811,000 hogares que viven regularmente con una dotación “solidaria” de -en promedio- 1,500 pesos (27 dólares estadounidenses a la tasa actual)[4], “gracias” a haber sido “seleccionados” durante años en el programa “Progresando con Solidaridad”. Los aportes funcionan como transferencias condicionadas, bonos e “incentivos”.
Ante esta crisis, para estos integrantes de la “gran familia” se decidió un aumento temporal de la dotación a 5,000 pesos mensuales (92 dólares) por abril y mayo. Además, pensando en los trabajadores informales, se agregaron “otras 690 mil familias adicionales categorizadas como pobres o vulnerables por el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), para que también reciban este apoyo temporal del programa “Quédate en Casa”[5], totalizando 1,501,000 familias, bajo la consigna de que mantengan su “nivel mínimo de consumo”.
A la vez, se dispuso para trabajadores formales un “Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados” (FASE) para preservar empleos y acudir en auxilio -según Medina- de “los sectores económicos en que hemos dispuesto el cese temporal de operaciones” y “empresas que, aunque no hayamos dispuesto el cierre de sus operaciones, están teniendo dificultades y disminuciones de sus actividades económicas”[6].
El objetivo, con un tono épico y paternal, fue proclamado: asegurar ingresos “para más de 5.2 millones de dominicanos, casi la mitad de la población dominicana.”
Quédate en casa… y en la miseria.
De repente, con un chasquido de dedos, aparecieron debajo de la alfombra millones de dominicanos que no reúnen por sí mismos lo más básico para vivir o su precariedad es evidente. En pleno año declarado “de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”, el jefe del Estado reconocía con sus palabras la gran dificultad de la mitad de la población para el consumo de alimentos y bienes esenciales, así como para obtener ingresos suficientes.
El discurso de Medina, admitiendo esta tremenda cantidad de población pauperizada, chocaba de frente con los “logros” que él mismo había declarado apenas un mes atrás, en su rendición anual de cuentas ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero[7]:
“Hoy, nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en el ranking regional de crecimiento del PIB, de ingresos disponibles, de Inversión Extranjera Directa y de reducción del desempleo y la pobreza (…) Una economía que algunos no dudan en llamar “El milagro dominicano”.
(…) De seguir la tendencia que llevamos (…), al terminar nuestra gestión, el crecimiento acumulado será del 50%. Lo que equivale a sumar media República Dominicana a la República Dominicana que encontramos en el 2012.
Esta cifra, señoras y señores, consolida a la República Dominicana como la mayor economía de toda Centroamérica y el Caribe y coloca nuestro PIB per cápita (en dólares ajustado por paridad de poder adquisitivo) en la sexta posición de América Latina”[8].
¿Cómo ocurrió tal “milagro” de multiplicación de la riqueza? ¿Ese medio país más está en manos y al servicio de quiénes? La proclamación de un aumento extraordinario del PIB per cápita, salarios reales, puestos de trabajo, disminución de la pobreza y aumento de la igualdad, ¿adónde fue a parar?
Ya algo adelantó Marx en El Capital, cuando dijo sobre la dinámica poblacional en el capitalismo:
“(…) todos los métodos de producción del plusvalor son, a la vez, métodos de acumulación, y toda ampliación de la acumulación se convierte, a su turno, en medio de desarrollo de aquellos métodos (…). Por último, la ley que mantiene un equilibrio constante entre la sobrepoblación relativa, o ejército industrial de reserva, y el volumen y la intensidad de la acumulación, encadena al obrero al capital con grilletes más firmes que la cuña con que Hefesto sujetara a Prometeo en la roca. Esta ley condiciona una acumulación de miseria en correspondencia a la acumulación de capital”[9].
Esa ley del capitalismo, la producción de población pauperizada y la contradicción entre capital y vida, en sociedades como la dominicana, se extreman con la inexistencia de mecanismos e instituciones para una elemental redistribución de la riqueza acumulada y asegurar mínimos derechos fundamentales: ni en lo laboral-salarial, ni en lo tributario, ni en servicios y bienes esenciales. ¿Acaso los subsidios de emergencia por 60 días bajo el título «Quédate en casa” servirán de verdad?
Desde siempre, la cantidad de trabajadores informales ha superado a la de formales, hoy estimados en 2,582,790 frente a 2,299,153[10]. Por otra parte, la canasta básica para el 20% más empobrecido está valorada en RD$14,465 (USD$ 265), mientras que un hogar de cuatro personas con ingresos por debajo de RD$20,528 (USD$377) estaría por debajo de la línea de pobreza general, y con RD$ 9,452 (USD$ 173) estaría por debajo de la línea de pobreza extrema.
Con datos de 2016 y 2017[11], cuando se analizó la situación de formales e informales juntos, el 60% percibía ingresos bajo los RD$11,735 (USD$$ 215), inferiores por ende a los RD$13,346 (USD$ 245) de la canasta básica estipulada para los más empobrecidos, expresando una realidad de sobreexplotación mayoritaria. Asimismo, el 47% de la población trabajadora obtenía ingresos del trabajo (excluyendo remesas, segunda ocupación, ayudas estatales y por propiedades) por debajo de la línea de pobreza. El 24% de los hombres y el 51% de las mujeres sencillamente no participaban en el mercado de trabajo. Además, se estimó que el salario real había perdido un 20% de capacidad de compra entre 1999 y 2016.
Ante esta realidad se puede afirmar que, de manera sistemática y desde antes de esta crisis, la mayoría de la población dominicana simplemente “no llega” ni a la canasta básica ni al ingreso de pobreza, viviendo por debajo de los niveles de consumo básicos. Las “ayudas estatales” en esta coyuntura sólo profundizarán esta situación, pues son del todo insuficientes aún bajo sus propios términos, sea para quienes trabajan de manera regular y registrada, para quienes trabajan en la informalidad o quienes ni trabajo tienen. Millones de personas, además, carecen de la actividad diaria con que “completaban”, ya que está prohibida con las restricciones a los mercados, a las actividades no esenciales y el toque de queda de 5.00 pm a 6.00 am.
¿Qué pasará con los trabajadores informales que no “califiquen” entre el 1.5 millón de hogares más “vulnerables”? ¿Para cuánto dan 5,000 pesos mensuales a los que sí “califican”? ¿Qué presente tienen los trabajadores y trabajadoras formales que han sido suspendidos de sus trabajos (la cifra ya se ubica en casi 700 mil trabajadores del sector privado[12], más de un 43% de ese sector registrado en la Seguridad Social) y que con suerte recibirán 8,500 pesos en subsidio?
¿Cómo se relaciona esto con una sindicalización reducida al 6% de los trabajadores y trabajadoras, fruto de una guerra sin cuartel del empresariado y la clase patronal, con la complicidad explícita y sistemática de las instituciones del Estado? ¿Se puede dar un mínimo de diálogo y negociación en estas condiciones?
Mientras tanto, cúpulas empresariales como ADOZONA (patronos de maquilas) y COPARDOM (patronos en general) desplegaron sus exigencias para ser parte de la comisión de alto nivel que coordina la respuesta ante la COVID-19. También dieron instructivos públicos en redes sociales sobre cómo suspender a trabajadores y trabajadoras, dejándolos sin derecho a sueldo, apelando a resquicios legales. Esto se suma a las suspensiones y despidos que empresas hoteleras comenzaron en marzo, incluyendo el uso de bombas lacrimógenas de la policía ante la protesta de los pocos trabajadores organizados.
Estos dos casos -los de las maquilas y las cadenas hoteleras- son claro ejemplo de la opresión laboral y la injusticia distributiva. En diciembre de 2019, cuando llegó la hora de ajustar el salario mínimo en las zonas francas, dos centrales sindicales pedían un ajuste del 40%, para acercarlo al nivel de la canasta básica del 20% más empobrecido de la población, y ADOZONA sólo concedió un 15%, manteniéndolo en un salario de hambre (RD$11,500), que obliga a los trabajadores y las trabajadoras a jornadas extras y esfuerzos sobrehumanos.
En el sector turismo y hoteles -en su mayoría en manos de cadenas transnacionales- los trabajadores perciben salarios mínimos entre 6,686 y 10,355 pesos. Mientras tanto, las exportaciones de zonas francas (maquilas) en 2018 ascendieron a 6,230 millones de dólares y los ingresos turísticos en 2018 llegaron a 7,560 millones de dólares.
Así y todo, además de privilegios salariales, ambos sectores se beneficiaron en 2019 con privilegios tributarios por alrededor de 30 mil millones de pesos (casi 600 millones de dólares). Es el modelo rentista y de competitividad espuria[13], en base a exportar salarios bajos e impuestos pírricos, aprovechándose del Estado capturado y la clase trabajadora neutralizada.
¿Quién paga la crisis ante la sobreacumulación de riquezas, el Estado residual y la calamidad social? Esta se torna una pregunta relevante, no sólo por aludir a quién sufre las peores consecuencias, sino porque los 32 mil millones de pesos utilizados para estos “subsidios” serán sacados de los fondos de riesgos laborales y de deuda con el Banco Mundial y el Banco Central, a pagar por toda la sociedad, en su mayoría precarizada, pauperizada y empobrecida. No ha habido ninguna exigencia al capital, ningún condicionamiento, mientras los trabajadores y la población en general cargan con el 65% de los impuestos y participan en apenas un 30% de la riqueza producida, merced a salarios abatidos.
En este escenario, el Estado residual y subsidiario de corte neoliberal, deficitario y endeudado, acoplado con el engranaje caudillista-partidista-clientelista-patrimonial, se complementa perfectamente con la “responsabilidad social desarraigada” de las empresas y la caridad privada. Con esto se suple en forma de administración de la miseria y dádivas el rol de atenuar la pauperización, incluyendo las situaciones de desastre[14].
Empresas, grupos económicos, candidatos presidenciales, partidos, bancos, dueños de AFP e incluso de Administradoras de Riesgos de Salud hacen “donaciones” que en muchos casos son muy inferiores a los impuestos que dejan de pagar, a lo que acumulan gracias a los salarios de hambre; o bien los financian directamente con los subsidios que reciben o con las ganancias alcanzadas gracias a las cotizaciones de la gente. Todo este carnaval de filantropía hace recordar a Marx y Engels cuando en “La Sagrada Familia” dijeron:
“(…) la miseria humana misma, (…) la infinita depravación que debe aceptar la limosna, asimismo debe servir a la aristocracia del dinero y de la cultura para su entretenimiento, para satisfacer su amor propio y su arrogancia (…).
(…) Situando las cosas en el mejor terreno (…) nos descubre el misterio de la filantropía, imaginado por Rodolfo, cuando, después del baile, invita a cenar a su compañera de danza: «¡Ah! ¡Señora! ¡Haber bailado en beneficio de esos pobres polacos no es suficiente!… ¡Seamos filántropos hasta el fin…, ahora vayamos a cenar en beneficio de los pobres!»[15]
Un sistema de salud y seguridad social también al servicio de la expoliación
Pero a la vez, como en una trampa mortal, “quedarse en casa” parece ser la única forma de estar seguros, o al menos intentarlo. Prácticamente un imperativo, especialmente para la mayoría de nuestro pueblo que depende del sistema nacional de salud también pauperizado.
Viendo la cantidad de camas en el subsector público (que atiende alrededor del 70% de los servicios), en cuidados intensivos no se llega a las 400 unidades. Los responsables políticos aspiran a que lleguemos a 600. Las camas totales se calculan en 9000 en el subsector público. Todo esto para 10 millones de personas.
Si según el Banco Mundial, en 2012 en Cuba había 5,3 camas por cada 1000 habitantes y en Uruguay, 2,5, en varias regiones dominicanas esta cantidad es ínfima, incluyendo las más pobladas y precisamente con más casos registrados de COVID-19: la Región Metropolitana (0,7) y la Cibao Sur (0,9).
Con esta infraestructura sería casi imposible dar respuesta a un contagio masivo. Si el sistema español está desbordado, y los recortes y privatizaciones causan estragos, imaginémonos la situación dominicana: falta de insumos y equipamiento; difíciles condiciones laborales y salariales del personal tanto en el subsistema público como en el privado. Segundo, tercer y cuarto nivel de atención francamente en crisis.
Esto se combina con la ausencia de un primer nivel que haga prevención, educación, organización y empoderamiento en el cuidado colectivo de la salud, incluyendo estrategias integrales y rigurosas en alimentación, nutrición, agua potable y alcantarillado, vivienda, entre otros factores claves.
El sistema de salud y seguridad social está precarizado y mercantilizado de forma estructural y en habituales condiciones de “normalidad”. Por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil y materna están entre las más altas de América Latina y el Caribe. Entre 2018 y 2019 murieron 6612 niños y niñas menores de un año, arrojando la segunda tasa más alta de la región, sólo superada por Haití[16].
Hemos construido por décadas un sistema que no sirve para desarrollar y cuidar una población sana, sino para reaccionar ante la enfermedad y lucrar alrededor de ella. La salud que debería ser un derecho fue convertida en privilegio y mercancía, en una industria donde ganan los prestadores privados y parasitan los llamados “seguros”, gracias a la ley 87-01[17].
El pueblo se ve expuesto a este modelo de salud vertical, autoritario, individualista, expropiador, expoliador, curativo y privatizador. Increíblemente el gasto total en salud supera el 6% del PIB (el que sugiere la OMS) pero sólo el 1.2% del PIB en gasto directo de gobierno, en un evidente retiro del Estado que además se hace con una lógica subsidiaria y paliativa a la población empobrecida, sin planificación estratégica y tradicionalmente centrado en grandes inauguraciones.
Esto ayuda a explicar el deterioro notorio de los servicios públicos y los indicadores de salud, mientras crece el mercado clínico, de laboratorios y farmacéutico. La mayor parte del pastel se entregó a la intermediación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas y pública (2% del PIB), a los agentes privados, y a lo que aguante el “gasto de bolsillo” o “de hogares” (2.6% del PIB). Las ARS han consumido más de 50 mil millones de pesos en ganancias y gastos ajenos a la salud, mientras faltan elementos esenciales para atender a las personas. Compiten de cerca con las AFP, las cuales entre utilidades y “gastos operacionales” ya se han llevado 64 mil millones de pesos fruto de las cotizaciones.
Las coberturas pobres o insuficientes hacen que los dominicanos estén pagando hasta cinco veces por una salud precaria y meramente curativa, cargando en sus espaldas casi la mitad del gasto. La salud se compra y se vende, se segrega según el ingreso y la clase social, la condición personal y otros aberrantes parámetros (como los padecimientos “preexistentes”). Cada dominicano y dominicana, y sus familias, están sometidos al “cápita” que se deposita por cada uno, a un “catálogo de prestaciones” y el “paquete de cobertura”.
El despojo alcanza niveles escandalosos cuando sabemos que a 2018, el 93% del dinero vía aseguramiento por cotizaciones y el 48.9% del dinero vía aseguramiento subsidiado (que se financia con fondos públicos, para aquellos cientos de miles de hogares “beneficiados” en Progresando con Solidaridad y otros grupos “carenciados”) van a parar a prestadores privados de servicios de salud, en un círculo vicioso de abandono y saqueo a costa de lo público.
Como ya ha sido explicado por varios autores[18], estos son los procesos de endoprivatización y exoprivatización a los que fueron sometidos los Estados, y las nuevas dinámicas de expropiación y expoliación en áreas antes no existentes o reservadas a servicios sociales no mercantilizados. Sobre esto se monta la fantástica maquinaria de marketing empresarial, electorera, paternalista y clientelar, que sigue alimentándose y alimentando la “desesperanza aprendida” y la conciencia ingenua de que estar sanos y protegidos es un don, un favor o un bien de consumo.
A modo de conclusión
El «Quédate en casa» y el «Distanciamiento social» se vuelven consignas vacías para una clase política y una élite social-económica que no tienen respuestas y ni siquiera tienen idea de qué pasa «allá abajo». Al fin y al cabo, por décadas, esa gente a la que «ayudan» no han sido más que sus clientes a los cuales comprar el voto por chilatas[19], o su mano de obra super barata. Así los ven. Incluso, pueden justificar una cena, una colecta, un tele o cibermaraton.
En última instancia, se viven muriendo, ellos, ellas y sus hijos, en hospitales y maternidades. Solo son un dato que a veces sale en la prensa y en las proyecciones epidemiológicas para COVID-19 los tienen contemplados hasta el millón y medio de casos. Será «inevitable». Este es un “enemigo” en una “guerra”: siempre habrá caídos en el campo de batalla y daños colaterales.
Es el modelo en América Latina en que las mayorías viven como población pauperizada, con las que se brega con algún bono, caja, funda o tarjeta, mientras una crisis no remesa la puesta en escena y los datos del «milagro» no caigan hechos pedazos, y todo lo que se esconde bajo las alfombras se desborde.
Al mismo tiempo, si esa masa de población descartable y «beneficiaria» de “ayudas” (jamás con derechos efectivos a dejar de serlo y convertirse en ciudadanas y ciudadanos plenos) se irritara, la receta ya no serían los discursos, las ofertas, cajitas ni sonrisas: este Estado y este modelo de desigualdad estructural tendría que quitarse los adornos y apelar al viejo método de 1984… la macana y las balas que en República Dominicana masacraron al pueblo que se levantó contra el acuerdo con el FMI y el aumento generalizado de precios. Que el show continúe, o se apagan las luces y comienza el terror.
[1] Fundación Juan Bosch. República Dominicana.
[2]19 días después, al cierre de este artículo, el 13 de abril de 2020, los casos confirmados llegan a 3,167, con 177 fallecimientos y unas 155 personas en unidades de cuidados intensivos. Ver Diario Libre, 13/04/2020en: https://www.diariolibre.com/actualidad/los-casos-de-coronavirus-en-rd-suben-a-3167-y-las-muertes-a-177-MJ18224239
[3]Medina, Danilo (2020a). Discurso de medidas económicas y sociales ante epidemia de COVID-19. Disponible en: https://hoy.com.do/lea-aqui-el-discuros-completo-de-danilo-medina/
[4] Las sumas en dólares estadounidenses se estimarán en base a la tasa actual de venta: 54.50 pesos por 1 dólar.
[5] Medina, Op.cit.
[6] Medina, Op.cit.
[7]Desde el 16 de febrero en la tarde y durante semanas, miles de ciudadanos protestaron en la Plaza de la Bandera, frente a la Junta Central Electoral, a raíz de la crisis político-institucional desatada por el sabotaje electoral de aquel día. El mismo 27 de febrero, cuando el presidente Medina presentaba su cuenta anual y se conmemoraba la Independencia Nacional, fue el hito de las manifestaciones.
[8]Medina, Danilo (2020b). Discurso ante la Asamblea Nacional. Disponible en: https://presidencia.gob.do/danilo2020mejor/discurso
[9]Marx, Carlos (2010). El Capital, Tomo I, Libro I. Proceso de producción del capital. LOM Ediciones, Santiago de Chile.
[10]Banco Central de la República Dominicana. Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo. Disponible en: https://www.bancentral.gov.do/a/d/2541-encuesta-continua-encft
[11]Bosch, Matías; Fernández, Airon; García, Edgar (2019). Caracterización de la clase trabajadora en República Dominicana. Aportes para la acción social y sindical y a construcción de políticas públicas equitativas en el trabajo. ISCOS-Fundación Juan Bosch, Santo Domingo.
[12]Ver Listín Diario, 07/04/2020. “Un total de 39,547 empresas han solicitado la suspensión de 686,547 trabajadores”en: https://listindiario.com/economia/2020/04/07/612181/un-total-de-39547-empresas-han-solicitado-la-suspension-de-686547-trabajadores
[13]Hidalgo Capitán, Antonio Luis (2005). “El desarrollo socioeconómico de América latina y el Caribe bajo el modelo multiexportador”. Disponible en: http://altea.daea.ua.es/ochorem/comunicaciones/MESA2COM/HIDALGOCAL.pdf
[14]Melgen, Lety (2020). “La miseria de la política dominicana ante el COVID-19”. Disponible en: https://nuestrotiempo.com.do/2020/04/la-miseria-de-la-politica-dominicana-ante-el-covid-19/
[15]Marx, Carlos y Engels, Federico (2011). “La Sagrada Familia”. Disponible en: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/sagfamilia/index.htm
[16]Fundación Juan Bosch (2019). Publicación sobre Mortalidad Infantil en base a los Boletines Epidemiológicos del Ministerio de Salud Pública. Disponible en: https://www.instagram.com/p/B5Dgn1IgQro/
[17]Bosch, Matías; Fernández, Airon (2019). Del negocio seguro a la Seguridad Social. Análisis económico-político y fundamentos para el debate sobre un nuevo modelo de derechos a la salud y la protección social en República Dominicana. Fundación Juan Bosch, Santo Domingo.
[18]Guerrero, Omar (2009). “El fin de la Nueva Gerencia Pública”. En: Estado, Gobierno, Gestión Pública – Revista Chilena de Administración Pública, N.° 13. Disponible en: http://www.revistaeggp.uchile.cl/index.php/REGP/article/viewFile/13520/13786
Lapavitzas, Costas (2011). “El capitalismo financiarizado. Crisis y expropiación financiera”. Disponible en:http://www.huellasdeeua.com/ediciones/edicion1/articulo%205.pdf
Soederberg, Susanne (2015). Entrevista publicada en El Aromo nº 76. Disponible en: https://razonyrevolucion.org/la-poblacion-sobrante-es-el-sector-que-mas-crece-en-el-mundo-entrevista-susanne-soederberg-profesora-de-la-universidad-de-queen-canada/
[19]Palabra usada popularmente para referirse a una cantidad muy reducida de dinero.
Este artículo fue publicado originalmente en el portal digital del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
