Por Rosalina Núñez
La discapacidad¨ Es una condición, resultante de la interacción entre una persona con una deficiencia física, psíquica y/o sensorial y las barreras medioambientales y de actitudes que impone su entorno físico y social, que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas de su edad y su comunidad.
El abordaje de la discapacidad como un asunto puramente individual, centrado en la persona que sufre la condición, sin considerar a esta como integrante de una familia y miembro de una comunidad, ha sido al día de hoy el error más costoso de la historia y de las sociedades modernas, ya que durante siglos a las personas con discapacidad se les ha coartado del disfrute y goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales, negándoseles el acceso a la salud, a la educación, a la práctica deportiva, a la participación política, a la inclusión laboral y a su independencia económica, negándoseles también, el derecho a la formación de una familia y otras oportunidades que comúnmente tienen los ciudadanos y ciudadanas de su comunidad.
La concepción sobre las personas con discapacidad y las actitudes que ante ellas se han asumido, están ligadas a la historia de la sociedad y a sus sistemas de valores y las diversas formas de abordar la situación, considerando a las personas con discapacidad como “pobrecitas” enfermas” o como ciudadanos y ciudadanas, sujetos de derechos, determinan su enfoque y el carácter de la sociedad en la que vivimos.
República Dominicana forma parte de los Estados signatarios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2006. Este tratado de derechos humanos fue firmado por el país en el año 2007, cuando el gobierno de turno se abrió a la firma, siendo ratificado posteriormente en el año 2009. Esta Convención constituye un instrumento jurídico internacional de aplicación obligatoria para todos los Estados que la ratifiquen, y su propósito principal es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Este propósito fue asumido, igualmente por nuestra constitución del 2010 en su artículo 58.
Hay que reconocer que en los últimos años se han hecho esfuerzos considerables por disminuir la práctica unilateral basada en el enfoque médico curativo, experimentándose un creciente desarrollo de la conciencia social, impulsada por el proceso de participación de personas con discapacidad y sus organizaciones, como base indispensable para orientar los procesos de cambios que se requieren en la sociedad.
En ese orden, se pueden destacar como avances; la firma y ratificación de la citada Convención, la promulgación de la ley 5-13 y su reglamento de aplicación, la elaboración de una agenda nacional de inclusión de personas con discapacidad, elaborada por la Vicepresidencia de la República, con el apoyo del gobierno del Ecuador, la ley de seguridad social, la participación y elección reciente de algunas Personas con Discapacidad en puestos de concejales, entre otros aspectos positivos, que muestran una luz en el camino.
Sin embargo, a pesar de esos avances, el 3 de diciembre de este 2020, día internacional de las personas con discapacidad, nos presenta un gran desafío: Posicionar en su justo nivel el enfoque de derechos hacia las PcD y una práctica incluyente como muestra de cambio, como única vía para construir una sociedad más humana, más solidaria. Una sociedad en donde se reivindique la condición de persona de todos los seres humanos que viven en esta tierra, sin exclusión ni discriminación de ninguna índole, sentando con ello las bases para un nuevo modelo de desarrollo basado en los derechos y la inclusión.
Otro gran reto al que actualmente debemos hacer frente es recuperar la institucionalidad democrática del Consejo Nacional de discapacidad (CONADIS) y su objetivo fundamental: garantizar la implementación de políticas públicas transversales e inclusivas, que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos.
Otro reto importante frente a este día 3 de diciembre es el fortalecimiento de las capacidades institucionales del país, para la plena implementación de la CDPD.
RECORDEMOS que desde 1992, el 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida
Este año, la OMS se une a sus asociados bajo el lema «Un día para todos», con el cual se quiere reflejar la creciente aceptación de que la discapacidad forma parte de la condición humana y que por tanto en cualquier momento del siclo de vida, las personas podemos experimentar una discapacidad temporal o permanente. En consecuencia, los países deben asumir disposiciones adecuadas, para satisfacer plenamente las necesidades de las personas con discapacidad.
De acuerdo al IX censo de población y vivienda del país del año 2010, en la República Dominicana, el 12.4% de la población Dominicana tiene algún tipo de discapacidad y según los cálculos de la OMS, más de 1000 millones de personas, alrededor del 15% de la población mundial tienen alguna forma de discapacidad, las cuales se enfrentan a situaciones y barreras diferenciadas, dependiendo de los factores del entorno, como el lugar donde viven, la cultura social y la equidad en el acceso a la salud, la educación, el empleo, el transporte y la recreación.
En 2017, la OMS llevó adelante una serie de iniciativas para aplicar las recomendaciones formuladas en el Informe mundial sobre la discapacidad. el pasado mes de febrero, en la reunión mundial de expertos en rehabilitación «Rehabilitación 2030», la Organización consiguió que los participantes se comprometieran a ayudar a los gobiernos a elaborar modelos integrales de prestación de servicios, capacitar suficientemente a personal multidisciplinario, ampliar los mecanismos de financiación y mejorar los sistemas de información sanitaria. Todo ello con miras a satisfacer la creciente demanda de servicios de rehabilitación.
Además, la OMS ha facilitado la aplicación nacional de una encuesta modelo sobre discapacidad en países como Filipinas y Qatar, Pakistán y Dubái (Emiratos Árabes Unidos). Chile revisó sus políticas y su legislación en las esferas de la salud mental, el empleo y el transporte, basándose en las conclusiones de esta encuesta. Así mismo hay que destacar que la Agenda 2030 se compromete a «no dejar a nadie atrás». Y para ello hay que garantizar su integración e igualdad, tomando en cuenta el lema de la OMS del 2019: “Empoderar a las personas con discapacidad”.
A trece años de la ratificación de la CDPD y siete años de la promulgación de la ley orgánica sobre igualdad de derechos de las personas con discapacidad (Ley 5-13), la realidad de esta población y sus familias continúa marcada por la marginación y la exclusión social. A la fecha, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), organismo rector en materia de discapacidad, creado por ley, funciona como una ONG, con escasa incidencia en las acciones aisladas de políticas sociales, desarrolladas desde el Estado, así mismo, por esa falta de rectoría, tenemos escaso cumplimiento e implementación de la ley, a nivel público y privado, incumplimiento de las cuotas de empleo para personas con discapacidad en las instituciones públicas y empresas privadas; incumplimiento de las cuotas de viviendas, establecidas en la ley; adecuación del sistema educativo para personas con discapacidad; cuotas de transporte accesible; proceso de adecuación de los entornos y edificaciones de uso masivo con los criterios de accesibilidad universal; adecuación de la comunicación, e información (sobre todo acceso a la información para personas sordas, en medio de la pandemia por Covid 19); falta de acceso a los servicios de salud, de forma oportuna y de calidad; recreación; deporte; cultura; acceso a la justicia y en general acceso a los servicios públicos a que tienen derecho como ciudadanos/as del país.
En este 3 de diciembre de 2020, las Personas con Discapacidad, permanecen excluidas de las oportunidades de desarrollo social y humano, y las escasas políticas sociales a la que tienen acceso un reducido grupo de ellas, en su generalidad, son de corte asistencial, que más que potenciar las capacidades, reproducen la pobreza y la cultura de exclusión. Sin embargo, también este 3 de diciembre nos sitúa en el inicio de una nueva gestión, la del presidente Luis Abinader Corona, en la que las personas con discapacidad tenemos grandes expectativas de cambio para nuestra población, cambios en las políticas públicas, cambio en la forma de vernos y aceptarnos, cambios en las políticas de accesibilidad universal, como motor de la inclusión. En fin, esperamos en esta política de cambios, la implementación de la CDPD y de la ley 5-13, en el marco de un enfoque de derechos, tal como es recogido en nuestra constitución.
