Santo Domingo. Comunitarios de distintas zonas del país se manifestaron la mañana de este viernes, frente al Palacio Nacional demandando al Presidente Luis Abinader el cese inmediato de los desalojos forzosos e indemnización justa para los afectados.
Los moradores de los barrios Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos y La Mina en San Isidro fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en los meses marzo y abril, respectivamente, del presente año. “En La Mina no recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo, solo dijeron que el terreno el Estado se lo cedió a las Fuerzas Aéreas, y que por eso debíamos desocuparlos inmediatamente y procedieron a expulsar alrededor de 600 familias que llevan establecidas en la zona desde hace 5, 10, 15 y hasta 20 años. Un espacio en donde el propio Estado ha construido infraestructura urbana, lo cual implica un reconocimiento de nuestro hábitat” declaró Esther Soriano, vocera de la comunidad.
Para los manifestantes, el gobierno es responsable de la condición en la que están viviendo desde hace meses las familias desalojadas. “Las personas del barrio Freddy Beras Goico han vivido por meses en una escuela abandonada, sin respuestas ante los abusos y atropellos cometidos contra ellos.” expuso Reynaldo Brioso, coordinador del Distrito Nacional de COPADEBA.
Asimismo, denunciaron como en los barrios de La Ciénega y Los Guandules en Domingo Savio han sido víctimas de la misma práctica debido al proyecto Nuevo Domingo Savio. “Se ha vendido la idea a la sociedad dominicana de que están indemnizando justamente a los moradores pero no es así. Si no firmas porque no estás de acuerdo con el precio que te están dando por tu vivienda o comercio, no hay espacio para negociar sino que te obligan a aceptar lo ofrecido. Se supone que este era el gobierno del cambio y estamos peor que antes” comentó Brioso.
Por su parte, lugares como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad ubicados en el distrito municipal La Caleta en Boca Chica, Brisas del Este en Santo Domingo Este, Hato del Yaque en Santiago de los Caballeros y zonas de las provincias Mao y Barahona, están en amenaza de desalojo desde inicios de año. “Hemos estado dándole seguimiento a las comunicaciones que han enviado con abogados pero no nos dan información concreta de por qué nos quieren desalojar ni se han acercado a hablar con nosotros sobre una posible alternativa” manifestó uno de los comunitarios de las zonas amenazadas.
Los comunitarios fueron acompañados por la comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano (Casa Ya), quienes le han dado seguimiento a cada una de las comunidades.
“En el Art.59 de la Constitución Dominicana declara que toda persona tiene derecho a una vivienda y que el Estado debe establecer las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho. Sin embargo, este año no han faltado denuncias de familias dominicanas afectadas por la cantidad masiva de desalojos compulsivos realizados por el gobierno, en una clara violación a los Derechos Humanos Básicos. Estas familias han perdido no solo sus viviendas físicas sino sus bienes, zonas de seguridad, legado y arraigo”, expresó Sócrates Peguero, presidente de la Red Urbana Popular y representante de Casa Ya.
Dentro de las demandas realizadas por el colectivo están el cese inmediato de los desalojos forzosos en todo el territorio nacional, indemnización a las familias afectadas y apertura de espacios de diálogos donde se concreten acuerdos con las víctimas. Igualmente, solicitan al gobierno reglamentar la Ley 160-21 que crea el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) para la garantía de la seguridad jurídica de la tenencia del suelo y la vivienda.
“La ausencia de una política de estado en materia de vivienda y hábitat es la que ha generado este conflicto social, y la respuesta no pueden ser los desalojos masivos, sino el diálogo democrático para identificar las oportunidades de solución. Es en ese sentir que entendemos la necesidad de que se priorice reglamentar la Ley 160-21, en donde se garantice que el centro son las personas y no los intereses particulares o el ánimo de lucro” enunció Peguero, representante de Casa Ya.
Para el grupo, ahora es el momento de mostrar que “realmente la vivienda es prioridad, impulsando instrumentos orientados a las familias más empobrecidas y excluidas, que se desarrollen fuera de la banca, desde la producción social del hábitat y que no incentiven la realización de desalojos forzosos.”
