Santo Domingo. No podemos negar los esfuerzos del nuevo gobierno en la lucha contra la estructura de corrupción e impunidad que tejió el gobierno pasado; sin embargo, nos quedan dudas sobre qué tan agresivas serán estas autoridades, para encarar los nuevos brotes de corrupción que ya asoman en la actual administración.
Sin embargo, no se observan evidencias de esfuerzos para desmontar la visión capitalista-patriarcal-neoliberal heredada de los gobiernos pasados que niega una visión de Estado garantista de derechos, exacerba una visión de Estado facilitadora del mercado. Más bien todo lo contrario, las actuales autoridades han consagrado como criterio principal el poder adquisitivo de las familias para acceder a derechos, que es precisamente uno de los elementos que más excluye y segrega.
Este gobierno refuerza y da nuevo impulso al pensamiento único que predica el modelo neoliberal-economicista como panacea y que coloniza el resto de la vida social, mientras produce y reproduce ampliamente pobreza en la gran mayoría de las poblaciones, al unísono que se exhiben presupuestos bien cuadrados, estabilidad macroeconómica y crecimiento del PIB.
En los gobiernos pasados del PLD, luchamos contra esta visión neoliberal, las amplias restricciones sobre los derechos de las mujeres, así como la negación e invisibilización de la población LGBTI+. Hoy, en el gobierno del cambio, pasamos al “más de lo mismo”, del que habló Jorge Cela, lo cual parece pender como Espada de Damocles sobre nuestra cabeza.
- Nos preocupa la intención de hacer cambios cosméticos a un Sistema de Seguridad Social, que luego de más de 20 años funcionando, ha enriquecido a los negocios del sector financiero a través de las AFP, las ARS y las farmacéuticas, a costa de negar servicios a la población y sobre todo a los-as más empobrecedoras.
- Nos preocupa la entrega a los dueños del mercado inmobiliario y al sector financiero del país las políticas sociales de viviendas (que ya ha causado estragos dejando a más de mil familias en las calles en este año), mientras sigue en el limbo la planificación territorial y urbana, dado que sectores interesados se han encargado de que perima en el Congreso Nacional, en cada legislación, el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial.
- Nos preocupa el desatino del sistema educativo y de nuestra apuesta por mayor inversión. Ya se conocen los escándalos internos del Ministerio, el abandono del Pacto Educativo y el intenso coqueteo con el sector privado y sus llamadas “instituciones sin fines de lucro”.
- Nos preguntamos ¿a qué este gobierno le llama participación? Se trata de una concepción cerrada que privilegia las élites empresariales y al sector financiero, por encima de los espacios institucionalizados en las distintas leyes y reglamentos. Lo sucedido con el Pacto Eléctrico, que pretendía reformar el sector, luego de cuatro años de haberse detenido el proceso, debido a disensos importantes de distintos sectores, se convocó a través del Consejo Económico y Social a la firma de este el 25 de febrero de 2021 en el Palacio Nacional, irrespetando el debido proceso, violentando nuestro derecho a la participación y, por tanto, irrespetando la constitucionalidad del Pacto.
- Nos preocupa la visión cortoplacista del gobierno y su incapacidad de tocar temas neurálgicos con participación abierta para las reformas convocadas.
- Es un deber del Estado por la Ley 1-12 colocar en manos del Consejo Económico y Social el Pacto Fiscal, que contribuya a la realización de la Estrategia Nacional de Desarrollo a la cual le restan apenas 8 años. Sin una reforma fiscal justa y participativa se consagra la deuda como principal herramienta fiscal, se preservan los privilegios que recibe el sector privado y se conserva la injusticia fiscal, que penaliza a los pobres con impuestos indirectos y a los-as trabajadores-as con bajos salarios.
- Nos preocupa la permisibilidad de sectores ultraconservadores, muchos de ellos religiosos, que se oponen a leyes antidiscriminación, a la autonomía de las mujeres, con la finalidad de aprobar un Código Penal que permita la consagración de la corrupción y la impunidad tanto en el ámbito civil, como militar.
- Nos preocupan los desaciertos del Estado respecto a la Nación Vecina. Sobre todo, las recientes medidas mediáticas de deportar mujeres haitianas embarazadas, apoyada sobre estadísticas inconsistentes del ministro de Salud, y de torpezas discursivas del director de migración y del ministro de lo Interior, violando el propio ordenamiento constitucional, además de levantar cuestionamientos sobre la capacidad profesional e intelectual de importantes funcionarios de este gobierno.
- Nos preocupa que no aprendimos. Seguimos, aunque con nuevo nombre, impulsando programas que profundizan el paternalismo, asistencialismo y dependencia y se abandona la posibilidad de generar ciudadanía, libertad y una nueva forma de relación social y económica.
Volvimos a lo mismo, es cierto, pero no es para desfallecer. Como Foro Ciudadano, estamos compelidos, ahora con la experiencia de más de 20 años, como diría Marcos Villamán, a trastocar las lógicas y empujar los límites.
Desde Foro Ciudadano seguimos apostando por:
- Pasar de una planificación económica alejada de la ética y la cultura de la solidaridad, que sólo entiende de la lógica exclusiva del mercado y, en consecuencia, asume a las políticas sociales desde la perspectiva de la compensación, a una que coloque la reproducción real de las condiciones de vida de la gente en el centro de ese proceso de planificación atreviéndose a colocar la solidaridad y el derecho a la vida de todos y todas como centro y SUR orientador de la planificación económica.
- Pasar de un sistema de salud clínico curativo, de baja participación y centrado en reparar la salud, a un sistema que promueva y proteja la salud de la gente, con alta participación y sin intermediario financieros.
- Pasar de la lógica de la competencia, que nos convierte en gladiadores mercantiles en un absurdo todos contra todos, a la colaboración como núcleo fundamental de la lógica de producción de la vida social.
- Pasar de la lógica corrupta y fetichista del poder, que asumen nuestros representantes como si fueran sede o la fuente del poder político, a comprender que esa fuente está en el pueblo, sobre todo en la ciudadanía organizada en la comunidad política.
- Pasar de medidas autoritarias, xenófobas y de rechazo al pueblo haitiano, a políticas públicas que aseguren los Derechos Humanos de los migrantes, sin importar el país de origen.
- Pasar de la negación de la autonomía de las mujeres a una visión de Estado en donde se impulse la igualdad económica, política y cultural.
- Pasar de ser un Estado que niega derechos a la población LGBTI+ a ser una sociedad inclusiva, respetuosa en donde quepamos todos, todas y todes.
No habrá cambios reales mientras sigamos haciendo lo mismo. La construcción de una sociedad justa implica la implementación de nuevos paradigmas. Se trata de promover la construcción de una sociedad que profundice la calidad de la democracia y amplíe sus espacios de incidencia en condiciones de radical igualdad social y material. Ello apunta al fortalecimiento de la sociedad como eje orientador del desenvolvimiento de las otras instituciones sociales.
El gobierno no debe olvidar el papel que ha jugado la sociedad civil en los últimos años. Con lo cual, los afanes, los motivos de luchas de la sociedad civil o del movimiento social deben convertirse en referente para la acción estatal y para el desenvolvimiento del mercado, siendo esto último un camino hacia la democratización del proceso político y la búsqueda de justicia social.
Asamblea del Foro Ciudadano
Diciembre 2021
