Por Ricardo González
Este año nos trajo a la presencialidad, después de que la pandemia del COVID-19, nos obligó al distanciamiento y al uso de recursos tecnológicos para el desarrollo de nuestras actividades diarias.
Lamentamos que la educación no presenta mejoras a pesar de los cambios e impulsos que hemos tratado de darle al gobierno desde el inicio de la gestión. Lamentamos que el Consejo Económico y Social (CES) no haya estado a la altura para mediar y lograr resultados sustantivos, por lo que se debería revisar la gobernanza del Pacto Educativo, único que se ha logrado consensuar y firmar de los establecidos en la END.
De igual modo, todo el proceso que se impulsó de reformas desde el Poder Ejecutivo, están en un limbo que no tienen puerto seguro. Un ejercicio democrático, que acumula más frustraciones que esperanza. Como lo fue el pasado año, la firma de un documento no consensuado que le llamaron Pacto Eléctrico. Que hasta ahora solo ha posibilitado el aumento de la tarifa eléctrica.
El incremento de la criminalidad, la inseguridad ciudadana es evidente, a pesar de que las autoridades quieran decir lo contrario. La inflación se tragó el aumento de salario, la mala calidad de los empleos y la política económica no contribuye a la construcción de equidad y cohesión social, el 55% de las riquezas se queda en el 1% de la población como lo refleja el informe del MEPyD de este año. Haciendo lo mismo no tendremos resultados diferentes.
Seguir defendiendo una visión de estado regulador que cada día se hace más ausente de sus responsabilidades como garante de los derechos sociales, es ya intolerable. Las acciones de protección social han demostrado no ser suficientes, ni eficientes para proteger los derechos de los y las ciudadanos-as.
El auge del conservadurismo y el maltrato a nuestros hermanos y hermanas haitianos, la cacería indiscriminada de los organismos de seguridad a los jóvenes y migrantes nos hace recordar tiempos del pasado, que entendíamos estábamos superando.
Los desalojos masivos sin un rostro que dé la cara por la destrucción de las vidas de miles de familias empobrecidas, las mayorías de ellas estafadas por las mafias que han convivido históricamente con las autoridades de turno. Es un reflejo de que aquí se sigue cortando el pastel por los más débiles.
Los reclamos por una seguridad social justa no se escuchan porque afecta los intereses de los sectores financieros, las farmacéuticas, laboratorios, AFP y las ARS, todas pertenecientes al 1% de la población más rica del país.
¿Por qué no se crea una amnistía ante los conflictos por amenazas de desalojos, hasta que se busque una solución justa a cada caso?. ¿Será porque son los hijos e hijas de machepa que no tienen el poder económico y la fuerza social organizada para defenderse ante los atropellos del poder político e institucional?.
No podemos seguir por este rumbo, la sociedad dominicana espera un cambio real, no cosmético, tenemos la responsabilidad de ayudar al gobierno central y las diferentes dependencias del Estado a que entiendan que existen otros caminos y enfoques para construir una sociedad más cohesionada, equitativa y justa.
El año que se aproxima, nos depara muchos retos, constituyendo el derecho a la vida el principal amenazado con la implementación de una política criminal que usa la razón de la fuerza, anulando los procedimientos instituidos por la constitución y las leyes, los más pobres siguen siendo los ejecutados sin proceso judicial, mientras el procedimiento penal se reserva al que cuenta con poder mediático y capacidad de influencia.
Manteniendo la fe en alto, conscientes de que somos un país con una gran fuerza moral, y voluntad para transformar esta terrible realidad para más del 60% de la población, construyámoslo juntos y juntas. Para que puedan disfrutar de empleos decentes, viviendas adecuadas, salud y seguridad social dignos, sin ser sometidos a programas sociales deshumanizantes y que ultrajan la dignidad humana.
