COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
AUDIENCIA DE DIALOGO CON Organizaciones de la Sociedad Civil
168 PERIODO DE SESIONES
09 de mayo de 2018
Santo Domingo de Guzmán
Señores(as) miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
Desde la Comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, Saludamos este espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil de República Dominicana a fin de pasar balance a las actuales violaciones de Derechos Humanos en el país. Acudo ante este espacio en nombre de Foro Ciudadano, colectivo que articula cientos de organizaciones y movimientos sociales, para, en este caso defender el derecho a la vivienda y al hábitat.
El derecho a la vivienda digna está protegido expresamente en distintos documentos internacionales de los que es signatario República Dominicana, como: La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, entre otros. Además, de ser reconocido en el artículo 59 de la Constitución dominicana
Pese a todos estos acuerdos la situación habitacional en República Dominicana es altamente alarmante. Actualmente el déficit habitacional supera los 2 millones de viviendas, es decir, más del 70% de las personas viven con algún tipo de déficit habitacional. Siendo que alrededor del 38% (más de 3 millones de personas) de las personas residen en una vivienda con problemas estructurales o tiene acceso con dificultad de agua potable, servicios sanitarios o servicio eléctrico. Más de un 8% (más de 280 mil personas) de la población reside en una vivienda que debe ser destruida por considerarse inservible. Y alrededor de un 25% (más de 2 millones de personas) comparte una sola vivienda con múltiples núcleos familiares. Un país que cuente con más de un 70% de la población en estas condiciones, debe ser considerado en una situación de crisis en materia de cumplimiento de los Derechos Humanos.
Ante este panorama general, la realidad se hace más cruda y atroz para ciertos grupos poblacionales históricamente invisibilizadas. Un ejemplo de esto son los albergados, familias que viven de forma permanente en “albergues temporales” en los que fueron colocados por el Estado dominicano, tras haber perdido su vivienda luego del paso de un fenómeno natural. Desde este espacio queremos denunciar que tras casi cuatro décadas en República Dominicana aun hay damnificados del Ciclón David ocurrido en 1979, del Huracán George ocurrido en 1998 y, de las Tormentas Noel y Olga ocurridas en 2007. Más de 2 mil familias a las que el Estado dominicano ha violado su derecho a una vivienda digna, confinándoles a vivir en vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos y a otros derechos esenciales para la vida. Y esa realidad de marginación y exclusión en el disfrute del derecho a la vivienda puede ser la realidad de unas más de 800 mil viviendas que están ubicadas en lugares riesgosos como orillas de río o cañadas.
La otra población en alta vulnerabilidad la constituyen miles de personas que viven frente a la constante zozobra de ser desalojadas de las viviendas en las que tienen arraigo y que en el marco de la precariedad han puesto sus marcas de identidad. Tales son los casos de comunidades en La Caleta, El Seibo, Domingo Savio, Haina, entre otras. Señores(as) comisionados, todos los días en este país se lucha por la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Justamente en la mañana de hoy, residentes de Haina se manifestaban contra la venta de terrenos del Estado que les coloca en amenaza de desalojo. En el año 2016 en este país se vendió todo un barrio. Hablo de los Tres Brazos, hablo de 14 mil familias, de la cuales, un 40% viven en condiciones de pobreza y aproximadamente el 8% en pobreza extrema, según datos del mapa de pobreza 2014. Hablo de que el Estado dominicano actualmente carece de una política integral que garantice el derecho a la vivienda, sobre todo para la población más empobrecida. Y carece además de un compromiso a nivel presupuestario para que se realice este derecho, con una inversión que promedia el 0.05% del PIB entre el 2013 y el 2016. Teniendo una caída hacia 0.03% en el 2017 y 0.02% en 2018.
Y debemos sumar a esto la violación de los principios de los derechos humanos en lo relativo a el presupuesto público: 1) utilización del máximo de los recursos disponibles, que se ha podido observar en la sub-ejecución del gasto público destinado a la sectorial vivienda; 2) progresividad y no regresividad en la realización de los derechos, tal y como se observó en el año 2016 (por cierto Año declarado de fomento a la vivienda) que mientras los ingresos corrientes se incrementaron en 9.5% y el devengado consolidado en servicios sociales se incrementó en 6.1%, el monto devengado en la sectorial vivienda cayó en un 20% con relación al año anterior; 3) igualdad y no discriminación, por ejemplo, en términos territoriales la inversión funcional total en la sectorial vivienda no parece priorizar las regiones en donde mayor prevalencia de necesidades y carencias se generan, todo lo contrario, es justo en la región Ozama (de mayor IDHr y menor tasa de pobreza) donde más se invierte.
Recordemos la observación número 04 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CDESC) establece que para una vivienda sea considerada como digna o adecuada, dentro de éstos se encuentran la seguridad jurídica de la tenencia, la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, lugar y adecuación cultural. Todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice protección legal contra el desahucio, el hostigamiento y otras amenazas.
En ese sentido, demandamos las siguientes acciones:
- Primero, que el Estado dominicano de solución inmediata a las familias en condición de damnificadas que se encuentran “viviendo” en albergues, con el objetivo de resarcir los derechos fundamentales, entre ellos, el de la vivienda.
- Segundo, reorientación del gasto público para incrementar la inversión presupuestaria en la sectorial vivienda y dar respuesta a la magnitud de déficit habitacional en el país.
- Tercero, Implementación de un Sistema Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos Dignos, con una inversión de un 1% del PIB durante 10 años y un plan decenal.
- Cuarto, la implementación de acciones que garantice la seguridad jurídica de la tenencia para las familias en amenaza de desalojo;
- Quinto, visita in loco de la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en territorios con amenaza de desalojo y albergues damnificados;
- Sexto, solicitamos incluir la temática de vivienda y asentamiento humanos en el informe de RD y ser incluidos en la mesa de diálogo con el Estado;
- Finalmente, que la Comisión Interamericana de Derecho Humanos decida ocuparse de la cuestión.
