Tanto los resultados de las primarias 6 de octubre del 2019, como la sorpresiva suspensión de las elecciones del 16 de febrero generaron una profunda crisis de confianza entre los actores políticos que participan de los procesos electorales, pero sobre todo de parte de la ciudadanía hacia Junta Central Electoral (JCE), el actor central que está llamando a jugar el papel de árbitro, en el ejercicio democrático de renovar las autoridades municipales en todo el país.
A la fecha la población no cuenta con una explicación clara sobre las causas que generaron la suspensión de las elecciones municipales. No se conoce si actuaron manos criminales para producir este nefasto resultado, si fue incompetencia de la Junta Central Electoral (JCE) u otro oscuro motivo. Sin importar la fuente, lo que es seguro es la responsabilidad de este organismo de dar respuesta ante lo sucedido y evitar una situación similar en los venideros comicios.
El impacto de estos acontecimientos están por verse. A nuestra consideración se ha perjudicado el factor más preponderante de la democracia, que es la legitimidad; dado que una considerable mayoría de la población perdió la confianza en el actual Pleno de Junta Central Electoral (JCE) y se siente indignada por tener que recurrir nueva vez a la Organización de Estado Americano (OEA) como ente responsable de auditar el proceso y determinar las causas del atolladero electoral que le costó al país más de 4 mil millones de pesos.
Peor aún, se profundizaron las dudas en la imparcialidad y efectividad que pudiera tener el Ministerio Público para documentar, perseguir y procesar los casos de denuncias sobre delitos electorales.
Ante esta realidad, hacemos un llamado a toda la sociedad como promotores de la democracia participativa durante 31 años en el país a:
– Acudir masivamente a ejercer su derecho al voto este domingo 15 de marzo de manera pacífica, con una actitud vigilante ante los potenciales delitos electorales que se realicen en el entorno de los recintos de votación. Es nuestro deber registrar y denunciar a través de los mecanismos establecidos, en las redes sociales, ante los observadores de Participación Ciudadana y ante los renovados fiscales electorales.
– Llamamos a las y los jóvenes que se están movilizando y a la ciudadanía que ha estado participando en la Plaza de la Bandera y otros puntos del país a mantenerse atentos y vigilantes, en la misma tesitura, pacífica, firme y activa ante cualquier acontecimiento extraño que medre el derecho a la libre elección.
– Llamamos a la ciudadanía a rechazar todas las prácticas y propuestas clientelares que instrumentalizan la voluntad popular. A denunciar las presiones a la que son sometidos-as los-as empleados-as públicos. A rechazar compra de cédulas, el uso de los recursos del Estado y la propaganda política en los actos e instituciones públicas.
– Exigimos a los actores políticos y empresariales dejar en el pasado los acuerdos entre élites que tanto daño han hecho a la Nación. Es de alto interés para la sociedad llegar a un acuerdo político que resuelva los escollos de la crisis electoral, pero fundamentalmente que se logre la construcción de consensos para despolitizar los poderes del Estado, capturados por las élites de partidos políticos y empresariales. Es por lo que proponemos, que en el diálogo político iniciado en el Consejo Económico y Social (CES), se hagan los mayores esfuerzos para que los actores sociales y políticos ausentes se integren a participar en igualdad de condiciones.
– Exhortamos a las diversas expresiones y manifestaciones sociales y a la ciudadanía movilizada a crear canales de comunicación con las entidades de la sociedad civil que promuevan la democracia, y así aunar esfuerzos en el rescate de la legitimidad política de nuestras instituciones, hacia el ejercicio pleno de los derechos de todas y todos.
Ciudad Alternativa, como parte de las entidades que impulsó el Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral a través del Comité de Seguimiento del Foro Ciudadano, espera que los resultados de las próximas elecciones puedan reflejar la intención del voto. Dado que sería nefasto para el orden institucional y democrático que los resultados no se correspondan con la voluntad soberana expresada en las urnas por el pueblo dominicano.
