Por la comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano (Casa Ya)
Una cosa es la promesa y otra la política. En su plan de gobierno el PRM nos enamoró con un inicio contundente que reconocía la vivienda digna y adecuada como un derecho fundamental del ser humano:
“Para el Partido Revolucionario Moderno es una prioridad que cada familia dominicana, y en especial la de bajos ingresos, cuente con una vivienda digna. Para lograr este objetivo hay que enfrentar el reto del déficit cualitativo (calidad) y el cuantitativo (cantidad) de las viviendas” (programa de gobierno del PRM, página 117).
La promesa era declarar prioridad nacional la mitigación sostenida y sostenible del déficit habitacional en todo el país combinando producción de viviendas nuevas, elevar la calidad de las existentes y ejecutando un marco de reordenamiento territorial. La oferta del programa de gobierno planteaba diversos mecanismos que, si bien incluían las famosas alianzas público-privadas, integraban otros instrumentos que ofrecían mantener la garantía del hábitat en el marco del derecho y no del mercado.
Se hizo la promesa de 30 mil títulos por año a familias que han residido en terrenos del Estado entre otras cosas. Junto a la promesa de darle peso al deporte, a las actividades culturales y al derecho al agua, parecía fundar una propuesta de intervención territorial con ese carácter de políticas simultáneas necesarias para poder impactar de forma real la pobreza y la desigualdad que existe en nuestro país.
Pero parece que quienes escribieron el programa no son las mismas personas que construyen las políticas. Ni los que construyen las políticas los mismos que escriben el discurso. El Anteproyecto de Ley Orgánica que crea el Ministerio de la Vivienda depositado ante el Senado ha brillado por su ausencia en esta rendición de cuentas.
¿Hay algún cambio real en el discurso y los hechos en materia de vivienda para el avance del país? Lo que ocurre y se promete hasta ahora, parece decir que no.
Se recrea el discurso de Danilo Medina de los últimos 4 años (toma de posesión y rendición de cuentas) con una similitud hasta en el número de viviendas que se oferta construir desde las alianzas público-privadas.
Danilo ofrecía seguir impulsando la ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso. Ofreció la construcción de 35,000 viviendas en Ciudad Juan Bosch (alianza público privada). Denunció la poca cantidad de viviendas construidas por el sector privado “hasta ahora el sector privado construía en su mejor año unas 10,000 viviendas y más del 80% de ellas de alto costo, es decir, muy por encima de 50,000 dólares” y dictó cómo sería distinto en su gobierno: “ahora, sin embargo, solo el sector privado tiene aprobados 63 fideicomisos para la construcción de viviendas de bajo costo, que suman más de 27,000 viviendas con costos que oscilan entre 20 mil y los 50 mil dólares”.
Danilo cifraba en “más 62 mil viviendas nuevas a disposición de la ciudadanía” con las alianzas público privadas. Muy concreto con el sector privado pero aéreo con quienes no caben en el mercado: “en los próximos cuatro años estamos decididos a impulsar el derecho a una vivienda digna con todos las herramientas a nuestro alcance y con diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de las familias”.
Y ¡voilá! el mismo discurso de vivienda como “motor” de clase media “somos conscientes de que el acceso a una vivienda digna es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de las personas, y estamos decididos a hacer de él, un motor de creación de clases medias en nuestro país”.
De igual forma Abinader apuesta por las alianzas público-privadas que ya demostraron su fracaso para combatir el déficit habitacional y garantizar el derecho a la vivienda desde la creación de la ley 189-11 cuando promete “la construcción de 11 mil nuevas casas por Familia Feliz”. Un programa que estratifica el derecho a la vivienda y coloca más producción de viviendas en donde no hay nada para las familias con pocos ingresos, que agrupan el 47.36% del déficit y la mayor cantidad de viviendas para el grupo que tiene menos déficit (apenas un 0.37%).
Al igual que Danilo, una gran claridad con el alcance de las viviendas construidas para bancarizar a la gente y beneficiar sobre todo al sector privado y financiero, con el impulso de “los esfuerzos a través de las alianzas público-privadas que impulsan también este sector, como es el caso del Proyecto de Vivienda Familia Feliz”. Quedando en el marco del mercado la satisfacción del derecho a la vivienda, creando capas sociales según su capacidad de pago como si el gobierno fuera el mercado.
Pero hay poca claridad para las familias que no pueden ser bancarizadas y quedan en manos del INVI en el plan “Dominicana Se Reconstruye” y el inicio del plan “Mi Vivienda”, hasta ahora desconocidos.
La promesa del plan de reparación y construcción que impactaría a más de 30,000 viviendas (pero no para cumplir el derecho a la vivienda sino para reactivar las economías locales en todo el país) se ha quedado en apenas dos soluciones terminadas, 39 viviendas mejoradas y 33 reconstruidas entre octubre y diciembre del 2020. Ofrece Abinader construir otras casi 4 mil viviendas nuevas de un plan que se desconoce a qué otro plan o programa está asociado.
Y el cierre de oro con la comparación de las cifras confusas, tal cual hacía Danilo al inicio del 2016, en medio de un populismo estadístico que se monta sobre el fracaso histórico de dejar el derecho a la vivienda al mercado. No sabemos bajo qué modalidad será que el INVI construirá esas 3400 viviendas en 2021, si en 7 meses sumando las reparaciones y las nuevas viviendas son apenas 74 viviendas.
El cambio para el sector vivienda no parece ser más que un fortalecimiento de la acción privada dentro de un derecho, replicando esquemas que han demostrado su fracaso y alejando cada vez más la satisfacción de los derechos fundamentales a la gente.
