Santo Domingo. Comunidades urbanas, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, se manifestaron la mañana de este lunes 2 de octubre frente al Palacio Nacional exigiendo el cese de desalojos forzosos en territorio nacional.
En el marco del Día Mundial del Hábitat, sectores de La Mina en San Isidro, Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos, Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este, Arroyo Lindo en el Distrito Nacional, El Vacacional en Haina, Barrio Libertad y Valiente en La Caleta y Barceló en Desarrollo en Santiago reclamaron sus derechos a una vivienda digna, según lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Dominicana.
“Cada año se aumenta el número de familias víctimas de desalojo forzoso. El mismo modus operandi se repite en cada comunidad, militares o policías llegan en horas de la madrugada y con violencia comienzan a sacar a las familias de sus viviendas, sin explicarles la razón y sin haber emitido de antemano una alerta de desalojo. Las viviendas son destruidas frente a las personas sin importar el daño psicológico ocasionado” declaró Sócrates Peguero, representante de la Comisión de Vivienda y Hábitat.
La Mina y Freddy Beras Goico fueron desalojados en meses marzo y abril, respectivamente, del año 2021, pero a pesar de todos los esfuerzos hechos por los comunitarios y comunitarias, siguen sin ser indemnizados por sus viviendas. “Tenemos tres años luchando para que la situación de nuestras comunidades sea resuelta, pero todavía seguimos esperando a que nos cumplan un derecho fundamental y constitucional” informó Ulises Payano, vocero de La Mina.
La historia se repite en Arroyo Lindo, donde 250 familias fueron despojadas de sus viviendas el 6 de diciembre del 2022. “Llegaron a las 4 de la mañana con grúas y militares a derrumbarnos las casas. No dejaron que sacáramos nuestras pertenencias, nos trataron violentamente y hasta hirieron personas. Teníamos 11 años viviendo en el sector y había servicios públicos por lo que éramos una comunidad reconocida por el Estado” comentó Beatriz Ureña, vocera del sector.
A estas comunidades, se le suma Nueva Jerusalén quienes denuncian que desde enero del presente año, miembros de la Fuerza Área interrumpen en la zona para desalojar familias sin informar previamente. “Ellos entraron con palas y derrumbaron viviendas hechas y en construcción sin ningún tipo de comunicación formal con los dueños. Luego, el domingo 19 de marzo, desalojaron 3 casas habitadas violentamente, provocando heridos entre las familias afectadas, todo esto sin ningún tipo de justificación” expuso Mercedes de Jesús, vocera de la comunidad.
De igual modo, El Vacacional en Haina y los barrios Libertad y Valiente en La Caleta tienen amenazas de desalojo forzoso a pesar de tener los títulos de sus propiedades. “La presión psicológica en la que estamos viviendo desde hace unos años es inhumana. No podemos descansar sabiendo que pueden llegar autoridades armadas en horas de las madrugadas y que nos expulsen de nuestras viviendas que con tanto esfuerzo hemos construido a lo largo de los años, sin explicación” expresó Cristian Nina, vocero de El Vacacional.
Los casos de desalojo forzoso no solo se limitan a la provincia de Santo Domingo, sino que están presente en territorio nacional, como es el caso del barrio Barceló en Desarrollo en Santiago. “En febrero del 2022, fueron expulsadas violentamente 130 familias sin explicación alguna y todavía, a un año del suceso, siguen esperando respuesta de parte de las autoridades pertinentes” manifestó Santos Mota, representante de la Comisión.
Para los manifestantes, comunidades que cuentan con servicios e infraestructuras públicas como acueductos, electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, recogida de residuos sólidos, calles, aceras y demás, no pueden ser clasificadas como “invasores”, ya que son reconocidas por el mismo Estado como sectores establecidos.
Dentro de sus demandas, solicitan el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización a las familias afectadas, políticas públicas inclusivas de vivienda, la puesta en marcha del Plan Decenal de Vivienda, retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados durante años por familias que son reclamados por particulares así como continuar con el Plan Nacional de Titulación en terrenos habitados por familias, durante un periodo considerable, y que pertenecen al Estado.
