Santo Domingo. En el marco del Día de los Derechos Humanos, comunidades urbanas, acompañadas por la Comisión de Vivienda y Hábitat del Foro Ciudadano, se manifestaron frente al Palacio Nacional exigiendo el cese de desalojos forzosos en territorio nacional.
Los sectores de Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos, La Ciénega y Los Guandules en Domingo Savio, La Mina en San Isidro, Nueva Jerusalén en Santo Domingo Este, Arroyo Lindo en el Distrito Nacional, Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad ubicados en el distrito municipal La Caleta en Boca Chica reclamaron sus derechos a una vivienda digna, según lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Dominicana.
Los moradores de los barrios Freddy Beras Goico en Los Alcarrizos y La Mina en San Isidro fueron desalojados forzosamente de sus viviendas en los meses marzo y abril, respectivamente, del año 2021. “En La Mina no recibimos ninguna información previa de que se iba a realizar un desalojo, solo dijeron que el terreno el Estado se lo cedió a las Fuerzas Aéreas, y que por eso debíamos desocuparlos inmediatamente y expulsaron alrededor de 600 familias que llevan establecidas en la zona 5, 10, 15 y hasta 20 años. Un espacio en donde el propio Estado ha construido infraestructura urbana, lo cual implica un reconocimiento al hábitat” declaró Esther Soriano, vocera de la comunidad.
Para los manifestantes, el gobierno es responsable de la condición en la que están viviendo las familias desalojadas. “Las familias del barrio Freddy Beras Goico hemos vivido por cuatro años en una escuela abandonada, sin acceso a servicios básicos y en condiciones de hacinamiento, sin respuestas ante los abusos y atropellos cometidos” informó Tomás Moya, representante del sector.
La historia se repite en Arroyo Lindo, donde 250 familias fueron despojadas de sus viviendas el 6 de diciembre del 2022. “Llegaron a las 4 de la mañana con grúas y militares a derrumbarnos las casas. No dejaron que sacáramos nuestras pertenencias, nos trataron violentamente y hasta hirieron personas. Teníamos 11 años viviendo en el sector y había servicios públicos, por lo que éramos una comunidad reconocida por el Estado” comentó Beatriz Ureña, vocera del sector.
De igual modo, denunciaron como los habitantes de los barrios de La Ciénega y Los Guandules en el proyecto Nuevo Domingo Savio han sido víctimas de la misma práctica. “Se ha vendido la idea a la sociedad dominicana de que están indemnizando justamente a los moradores, pero no es así. Si no firmas porque no estás de acuerdo con el precio que te están dando por tu vivienda o comercio, no hay espacio para negociar, sino que te obligan a aceptar lo ofrecido. Violando su compromiso con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos que establece que ninguna de las familias puede quedar sin ser reubicadas en una vivienda similar ante un desalojo forzoso. Se supone que este era el gobierno del cambio y estamos peor que antes” comentó Luis Reyes, comunitario afectado por el proyecto de Los Guandules.
“En Nueva Jerusalén, desde él 2023 miembros de la Fuerza Área interrumpen en la zona para desalojar familias sin informar previamente. La primera vez entraron con palas y derrumbaron viviendas hechas y en construcción, sin ningún tipo de comunicación formal con los dueños. Luego, el domingo 19 de marzo, desalojaron 3 casas habitadas violentamente, provocando heridos entre las familias afectadas, todo esto sin ningún tipo de justificación” expuso Mercedes de Jesús, vocera de la comunidad.
Por su parte, lugares como Santa Lucía, Monte Adentro, Campo Lindo y Libertad, ubicados en el distrito municipal La Caleta, en Boca Chica, están en amenaza de desalojo desde el año pasado. “Hemos estado dándole seguimiento a las comunicaciones que han enviado con abogados, pero no nos dan información concreta ni se han acercado a hablar con nosotros sobre una posible alternativa” manifestó uno de los comunitarios de las zonas amenazadas.
Los comunitarios fueron acompañados por la comisión de Vivienda y Hábitat de Foro Ciudadano, quienes le han dado seguimiento a cada una de las comunidades.
“Comunidades con más de 10 años, que cuentan con servicios e infraestructuras públicas como acueductos, electricidad, escuelas, hospitales, iglesias, recogida de residuos sólidos, calles, aceras y demás, no pueden ser clasificadas como “invasores”, ya que son reconocidas por el mismo Estado como sectores establecidos” expresó Sócrates Peguero, presidente de la Red Urbana Popular y representante de la comisión.
Dentro de sus demandas, solicitan el cese inmediato de los desalojos forzosos, indemnización a las familias afectadas, políticas públicas inclusivas de vivienda, la puesta en marcha del Plan Decenal de Vivienda, retomar el proceso de declaración de utilidad pública de terrenos habitados durante años por familias que son reclamados por particulares así como continuar con el Plan Nacional de Titulación en terrenos habitados por familias, durante un periodo considerable, y que pertenecen al Estado.
